Cuando en República Dominicana comenzó a manejarse, posiblemente en 1985, el concepto de “Juntas de Regantes” mucha gente no entendía de qué se trataba eso.Algunos entendieron mejor cuando se les decía que esas instituciones vendrían a evitar los pleitos y muertes que se generaban entre parceleros por el uso del agua.
Treinta años después en el país existen 40 entidades de ese tipo (32 juntas de regantes y ocho asociaciones de regantes) que impactan de manera positiva en las fuentes hídricas y en la propia agricultura.
En términos generales, el objetivo y el fin de cada una de las juntas es manejar los sistemas de riego con que cuenta el país, con los que se irrigan o se mojan alrededor de cinco millones 500 mil tareas, sembradas de rubros diversos, tanto para consumo nacional como para exportación. Al corte actual existen unos 98 mil regantes, que son los que hacen uso de los sistemas de riego. Las juntas de regantes vinieron a sustituir al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en la parte de manejo final de los sistemas de riegos, de acuerdo a explicaciones ofrecidas por Juan Anselmo Jiménez, pasado presidente del Consejo Nacional de Juntas de Regantes.
Jiménez rememora que el proceso se inició por exigencias de los organismos internacionales que financiaban tanto los equipos como obras de riego en el país, partiendo de que esos equipos y las obras hidráulicas con que contaban los sistemas de riego se deterioraban rápidamente. Para conformar las entidades de regantes, se tomó como modelo a instituciones similares que habían tenido y tienen aún éxito en otros países, como en España, donde existen juntas de regantes con hasta 100 años funcionando.
Las Juntas de Regantes no son el resultado de un capricho, aseguran tanto Juan Anselmo Jiménez, como César Méndez, este último consultado por elCaribe sobre el tema en San José de Ocoa. “Esto consiste en empoderar a los beneficiarios o usuarios de los sistemas de riego o regantes para que a través de estas instituciones que se crearon y que tienen personalidad jurídica, estatutos, reglamentos y la fiscalización del INDRHI, las cosas funcionen bien.
El hecho de que los propios regantes se autofinancien y autogestionen y logren la eficiencia en el servicio del agua se traduce en un aumento de la productividad y de las áreas mismas. Con el funcionamiento de las juntas, una zona que se manejaba, por ejemplo, con 25 “cabos de agua”, que era un personal pagado por el INDRHI para la administración de agua entre los parceleros, actualmente se maneja con seis cabos, que funcionan efectivamente porque son supervisados. Las tarifas que se cobran se establecen en función de los costos operacionales de las fincas.
Sánchez Ramírez tiene un sistema importante
Las tarifas que se cobran se establecen en función de los costos operacionales de las fincas. Uno de los sistemas de riego importantes del país es el de la presa de Hatillo, situada en la provincia Sánchez Ramírez, que irriga unas 289,000 tareas con unos 2,982 regantes. A los cabos de agua se les paga con dinero generado en las propias juntas de regantes, en los cuales hay unos gastos fijos establecidos. En el aspecto financiero también hay gastos fijos por pagos de alquiler de locales donde operan, energía, material gastable y otros.
