Las llamadas sanciones económicas son las vías más utilizadas por Estados Unidos y sus aliados contra países con los que tienen desacuerdos originados en las teorías de los “derechos humanos universales”, en las guerras de influencia o territoriales y en la preservación de las zonas consideradas estratégicas para sus intereses.
Valores universales son manipulados a conveniencia de los grandes países, y en base a ellos se materializan sanciones e intervenciones militares.
Estados Unidos acaba de declarar a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interior. Equivale como a declarar hostilidades.
Las primeras serían las sanciones económicas. Ya algunos funcionarios venezolanos han recibido “castigos merecidos” toda vez que son considerados “violadores de los derechos humanos”. Nada nuevo dentro del tradicional esquema estadounidense de considerarse la policía global.
No es nuevo y lo aceptamos en cualquier parte del mundo, generalmente en silencio. Cuba es un ejemplo que parecería quedar en el pasado. En medio de ese proceso, vemos cómo Estados Unidos pretende reeditar un error de hace medio siglo con Venezuela.
Es contradictorio. Mientras trata de desbloquear sus relaciones con Cuba, y apadrina la solución negociada de la paz en Colombia, declara a Venezuela como una amenaza para su seguridad.
Más aún, ayer, el secretario de Estado John Kerry dijo que “si Petrocaribe llegara a caer debido a los acontecimientos en Venezuela, podríamos acabar con una grave crisis humanitaria en nuestra región”.
No es la primera vez que Kerry hace un planteamiento parecido, que supone algún interés por la región, y si es así, debía ser también por la estabilidad y la paz en Venezuela.
Desde cualquier punto de vista, a nadie conviene una política de confrontación en la región, y menos entre dos países tan vitales.
El discurso de Kerry y la amenaza contra Venezuela permiten imaginar tendencias contradictorias en el seno del gobierno norteamericano.
No necesitamos una confrontación directa en América. Venezuela tiene derecho a su propio camino. Naturalmente, debe ser en el marco de la ley y de la Constitución, y eso es válido para todos sus ciudadanos, gobernantes y gobernados.
