Más de 83 mil niños, niñas y adolescentes dominicanos menores de 19 años padecen algún tipo de discapacidad, según se desprende de la Encuesta Nacional de Hogares (EnHogar) 2013.En términos más concretos, esto significa que dos de cada cien infantes viven con una discapacidad, ya sea visual, auditiva, intelectual, del habla o físico-motora, mayormente, en situación de exclusión y pobreza.
Los datos fueron dados a conocer por el especialista en protección del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) en el país, Eduardo Gallardo, durante el lanzamiento de la Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad que auspicia el Despacho de la Primera Dama, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) y el Ministerio de Educación.
Al presentar los resultados de un mapeo realizado en las cinco provincias más pobladas del país, Gallardo reveló que el 57% de los servicios para las personas con discapacidad son ofrecidos por organizaciones no gubernamentales o religiosas, y menos del 27% por el sector público. Mientras que, el 97% de los servicios están concentrados en las zonas urbanas.
En el estudio se detectaron apenas 126 centros que brindan servicios de educación, terapia rehabilitación, salud y protección social para este segmento poblacional que representa el 7% de la población en general.
Son víctimas de la exclusión y la discriminación
Entre las trabas que enfrentan los niños con discapacidad figuran la discriminación social, que se agrava con un sistema de salud excluyente, mayores riesgos de maltrato y abuso sexual, embarazos precoces, falta de acceso a servicios educativos especializados, entre otras.
Gallardo insistió en la necesidad de la detección temprana de estas condiciones, y señaló que hasta el momento, sólo dos centros de salud públicos y uno privado, en todo el país, realizan pruebas para detectarlas, entre los que resalta la Maternidad La Altagracia, que realiza un test cariotipo a pacientes en riesgo o sospecha de alguna malformación y el tamizaje auditivo y oftalmológico.
Primera Dama destaca labor de CAID
Ante los actuales retos, la primera dama, Cándida Montilla de Medina, expresó que es necesario propiciar las atenciones de salud requeridas por cada tipo de discapacidad y romper el aislamiento social de la infancia en esas condiciones, que se agravan con la pobreza.
Sostuvo que desde el Gobierno se hacen esfuerzos para hacer valer los derechos de este segmento poblacional mediante políticas públicas nacidas de la articulación y el consenso de instituciones del Gobierno, sociedad civil, organismos de cooperación internacional y el sector privado.
Puso como ejemplo la creación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que ha comenzado a convertir la exclusión en inclusión.
De su lado, la representante de Unicef en el país, María Jesús Conde, afirmó que hay que trabajar para lograr políticas y programas públicos sostenibles a fin de que estos niños y adolescentes gocen de las mismas oportunidades que los demás.
Conde deploró los vacíos de información sobre la prevalencia de las discapacidades en la infancia y sus necesidades particulares, lo que a su juicio dificulta la creación de programas y servicios públicos adecuados.
Dijo que la primera tarea de la mesa podría ser profundizar en el análisis de la información existente para tomar decisiones de inversión, diseño de oferta de servicios y evaluación de las intervenciones. Sugirió la formulación de campañas de sensibilización y concienciación que contribuyan a cambiar las actitudes discriminatorias hacia los niños con estas condiciones, dirigidas a toda la población, pero especialmente hacia funcionarios y empleados de los servicios de salud, educación o protección.
Discapacidad eleva costo de la vida de las familias
La representante de Unicef pidió centrar la atención en aquellas familias en las que algunos de sus miembros sufran de alguna discapacidad, insertándolas en los programas de protección social, en vista de que tienen que dedicar grandes recursos a su tratamiento médico, rehabilitación, transporte, entre otros. Asimismo, propiciar un sistema de salud incluyente, que busque la detección temprana y el tratamiento de las discapacidades o retrasos en la primera infancia para que los afectados puedan alcanzar su pleno potencial.
