La decisión del juez Alejandro Moscoso Segarra parecería marcar el final de la justicia dominicana, o lo que es lo mismo, del Poder Judicial.Al margen del sentido de la sentencia del juez Moscoso Segarra, en forma alguna se debe comprometer la conducta de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y mucho menos del sistema judicial.
Bajo pujos moralizantes generalizados, se reclaman unos determinados resultados de ese proceso. Para ello habría que crear una nueva instancia en la que se decida por aclamación o aprobación popular.
De esa forma, necesariamente los actos del Poder Judicial tendrían que satisfacer al público. Un dilema para los jueces. Si ratifican determinada decisión, entonces serían una banda de corruptos. Pero si acogen lo que todos desean, estarían obedeciendo a presiones sociales y políticas.
El peligro de esta clase de campañas es que la justicia atacada, denunciada, procesada y condenada no estaría jugando su papel, en ningún sentido.
Los estados de frenesí nada tienen que ver con la administración judicial. Si bien parecen inspirados en la moralización de la sociedad, por los enfoques predominantes se podría estar alentando la destrucción de las instituciones.
Si analizamos serenamente lo que está ocurriendo podríamos advertir que estamos ante una campaña de anulación, como si eso fuese posible. La Constitución de la República es muy clara en cuanto a las atribuciones del Poder Judicial y al papel de los jueces. Ir más allá es una irresponsabilidad.
En cualquier caso, toda decisión emanada de un juez o de un tribunal “podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes”.
Nadie discute que las decisiones de los jueces se enmarquen en los más elevados criterios de idoneidad. Pero las críticas sugieren que esa calidad se ha perdido. Esa conclusión daña maliciosamente a un poder clave en la sociedad democrática.
Las descalificaciones absolutas de los distinguidos jueces de la Suprema Corte son excesivas.
El clamor de justicia contra la justicia es algo extraño. Se sale del marco de reconocimiento de los poderes previstos en la Constitución, en los que se fundamenta la democracia.
