A mayor acceso al sistema financiero formal, menos riesgos de proveer el lavado de activos. Así coincidieron expertos al participar en la sexta edición del Congreso Antilavado de Activos.Para los expositores, los Estados de Latinoamérica deben promover mecanismos de inclusión a la banca de la población, en lugar de cargar de facilidades a los “clientes VIP”, de grandes solvencias económicas.
“Los mecanismos de bancarización deberían ser flexibles pero eso no debe entenderse como una disminución de rigor de control… No debe entenderse la flexibilidad como el hecho de que puedas o no cumplir las normas (de acceso al crédito). La flexibilidad radica en que se emita una norma que se pueda llevar a la práctica y permita mantener el control”, manifestó el presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos -Felaban-, Juan Carlos Medina.
El especialista dijo que alrededor del 65% de las actividades económicas se manejan de manera informal. Sobre ello sugirió a los organismos del Estado y a las bancas ayudar a bancarizar a esa población para consecuentemente formalizarla.
Carlos Oviedo, consultor en prevención y represión del crimen organizado para entidades como el FMI y el BID, criticó que las normas de lavado de activos estén promoviendo la exclusión y usándose como un mecanismo de competencia. “Curiosamente se está identificando como mayor riesgo (para el lavado) a líneas específicas de negocios bancarios como casas de cambios y cooperativas”.
En el ambiente antilavado es más provechoso conocer la existencia del riesgo, administrarlo y no anularlo”, destacó. Esto porque esos sectores “eliminados” continúan trabajando y generan una mayor opacidad en el sistema.
Estas sugerencias se desarrollaron durante la sexta edición del Congreso Antilavado de Activos, que fue promocionado por Bancamérica y contó con la participación de la Procuraduría General de la República, el Banco Central y representantes de entidades financieras nacionales. Allí expertos de Perú, Colombia, México, Uruguay, Panamá, Nicaragua y Estados Unidos abordaron herramientas para prevenir los crímenes financieros en general.
