Desde hace varios años, el sector empresarial ha venido insistiendo en la necesidad de que el Estado dominicano intervenga para eliminar el cartel del transporte de carga, en particular desde y hacia los puertos del país.
Con mucha efectividad, un gremio de transportistas ha logrado impedir la entrada de nuevos oferentes al mercado, y ha logrado articular un esquema de fijación de precios elevados a sus usuarios. No se trata de un arreglo concertado de precios administrados entre proveedores y clientes sino de una imposición unilateral que contraviene la ley, elimina la competencia en un segmento del mercado de transporte, incrementa los precios, y encarece la producción y el comercio para beneficio de un reducido grupo de proveedores.
La mayoría de los transportistas beneficiarios no son acaudalados hombres de negocios, y aunque su accionar tenga costos para el resto de la economía en sentido general, el impacto inmediato y directo recae sobre el sector empresarial que ve impotente como un grupo de audaces desclasados les arrebata parte de sus ganancias y les limita sus negocios, frecuentemente en base a prácticas abusivas e intimidatorias.
A pesar de que sobre este caso tienen razón, en el ámbito de la defensa de la competencia el empresariado ha sido poco consecuente porque la emprende apenas contra uno, ciertamente el más burdo y visible, de los esquemas de abierta y destemplada práctica anticompetitiva y de manipulación ilegal de precios, mientras se hace de la vista gorda frente a muchas prácticas de naturaleza similar que ejercen empresas de esos mismos gremios que se quejan de los transportistas. Las suyas son menos evidentes pero tienen efectos del mismo tipo sobre el resto de los negocios y consumidores y consumidoras.
Hay que reconocer que precisamente por ser más sutiles, es difícil contar con evidencia dura que demuestre que hay manipulación de precios o que las empresas levantan barreras a la entrada de nuevos competidores. Pero en muchos mercados de gran importancia, los niveles de concentración de las ventas en unas pocas empresas son tan altos que es muy poco probable que estas prácticas sean poco importantes.
De hecho, un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reveló que en el país un 30% de los mercados se caracterizan por ser concentrados. Por ejemplo, para nadie es un secreto que el mercado bancario es altísimamente concentrado. Apenas tres empresas aglomeran más de tres cuartos de los activos, los depósitos y el crédito. Es difícil sobreestimar el riesgo que implica este nivel de concentración sobre el costo del dinero y el desempeño económico general.
Un mercado adjunto, el de la administración de fondos de pensiones, es otro de muy alta concentración, con cuatro empresas explicando casi la totalidad de los afiliados. Allí, el impacto de prácticas anticompetitivas comprometería una cuestión tan crítica como los montos de las pensiones y el retiro digno. Igualmente, en el mercado de la administración de riesgos de salud, donde tres o cuatro empresas dominan el mercado.
En el sector manufacturero dominicano, uno de los que precisamente más sufre el cartel del transporte, la concentración se expresa con mucha intensidad. El estudio de la DGII muestra que la fabricación de aceites comestibles, la elaboración de cervezas, la elaboración de ron, la fabricación de productos de hierro y acero como varillas, la elaboración de azúcar, la fabricación de jabones y detergentes, la elaboración de lácteos son actividades en las que hay un fuerte dominio de un pequeño grupo de empresas que explican un porcentaje muy alto de los ingresos y las ventas.
Es cierto que el hecho de que una o varias empresas tengan poder de mercado porque concentren un alto porcentaje de las ventas no es igual a que efectivamente lo ejerzan incrementando precios o bloqueando la entrada de competidores. Dos o tres empresas gigantes en un sector pueden competir tan intensamente entre ellas como lo hacen cientos de medianas y pequeñas. Pero el hecho de que, como lo indica ese estudio, haya una relación positiva entre el nivel de concentración y la rentabilidad en el sector sugiere lo contrario.
Si el empresariado agremiado quiere hacer que su lucha gane credibilidad y que se vea como justa, deberá mirar hacia adentro, ser autocrítico y defender la competencia especialmente de sí mismo. De lo contrario, su campaña contra el cartel seguirá siendo vista como un pleito por una tajada del pastel entre los ricos bien asentados y los recién llegados.
