La revista Foreign Affairs publicó el mes pasado un artículo sobre Haití, titulado Creole Crisis: Evitando Una Guerra Civil en Haití, que debe constituir un llamado a la reflexión para nuestros dirigentes políticos, empresariales y comunicadores sociales. Esto así, pues Foreign Affairs es parte del “Establishment” del poder norte-americano, demostrado por una prolongada lista de colaboradores influyentes. En 1922, John Foster Dulles contribuyó en el primer número; en 1947, el respetado George F. Kennan publicó su tesis sobre la necesidad de contener a la Unión Soviética, que fundamentó la política exterior norteamericana hasta el final de la Guerra Fría; más recientemente, Samuel P. Huntington, de Harvard, publicó su controversial y muy influyente artículo sobre El Choque de las Civilizaciones. Sin olvidar a Henry Kissinger, quien ha publicado 18 artículos desde mediados de la década de los cincuenta.
En el artículo sobre Haití se afirma que “ciertas facciones políticas, tales como Fanmi Lavalas y Parti Ha?tien Tèt Kale (de Martelly) están reagrupando y rearmando a sus milicias, que fueron desmanteladas en los años previos”; que “ciertos políticos -por ejemplo, algunos consejeros del Presidente (Martelly), algunos miembros del Parlamento que apoyan al Presidente y algunos líderes de la oposición- continúan utilizando grupos criminales para intimidar y en ocasiones atacar violentamente a sus adversarios”. Cabe mencionar el asesinato a balazos el mes pasado de Oriel Jean, antiguo jefe de seguridad de Jean Bertrand Aristide.
Adicionalmente, existen grupos que, enarbolando la figura de Dessalines, fomentan el derrocamiento violento de Martelly y la implantación del “Poder Negro,” que no es más que un llamado a la “guerra contra los mulatos, blancos y negros moderados”, lo que “evoca inquietantemente el genocidio de Ruanda, de hace 21 años”.
Toda esta creciente inestabilidad, tiene como telón de fondo las debilidades institucionales de la sociedad haitiana. Algunos expertos de las Naciones Unidas calculan que “un tercio de los oficiales (de la Policía) están involucrados en actividades criminales, tales como secuestros y tráfico de drogas”. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, “los 12,000 individuos más ricos y sus empresas tienen un acuerdo con el Estado haitiano que los libera de pagar impuesto alguno”.
Estas informaciones evidencian que los cada vez más frecuentes ataques a los choferes dominicanos de camiones y autobuses son parte de una generalizada violencia anarquizante, y que aquellos que promueven la violencia racial dentro de Haití, representan un peligro adicional para los dominicanos. Esta creciente descomposición provocará presiones internacionales adicionales a nuestro país al concluir el Plan Nacional de Regularización, con el objetivo de frenar las repatriaciones de ilegales, establecidas por nuestras leyes, e inducirnos a continuar proveyendo servicios sociales, que los haitianos ricos no contribuyen mínimamente a financiar, pagando sus impuestos. Pero más importante, como resultado de lo anterior, debemos elevar la seguridad fronteriza a la prioridad más alta de nuestra seguridad nacional.
