El experto en negociaciones comerciales Hugo Rivera afirmó que la resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas que posibilita sustituir productos nacionales por importados en los oficiales programas sociales de alimentación, afecta a la producción nacional.“Estamos frente a una decisión única en el mundo, de que un país altera o retira de facto sus propias reservas, para abrir a los productos importados sus fronteras y perjudicar los productos nacionales, sin razón legal y sin recibir ningún acceso comercial a cambio, en materia de contrataciones pública”, dijo Rivera, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio firmado en el 2004 por el país con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta).
El especialista dijo que la Dirección General de Compras y Contrataciones, una dependencia del Misterio de Hacienda, ha emitido una resolución en la que cambia el ambiente nacional en cuanto a permitir que las compras que realiza el Gobierno sean de productos importados, sustituyendo los productos nacionales, que mantenían derechos adquiridos en las leyes y en una reserva del DR-Cafta.
Actitud con la producción
En un documento emitido a elCaribe, Rivera dice que la Dirección de Compras del Plan Social de la Presidencia siempre ha mantenido una política a favor de los productores nacionales, pero que “al acatar la resolución del Ministerio de Hacienda se vio obligada a dar paso a productos importados en programa sociales de alimentación”. Según Rivera, eso “causó que 16 de las principales industrias del país” elevaran un recurso de reconsideración a la medida emitida en el Ministerio de Hacienda, que provocó que el Plan Social de la Presidencia”, una dependencia del Gobierno, se viera en la obligación de emitir la circular número DC-001-2015 del 18 de febrero del año 2015, que modifica una reciente licitación, otorgándoles acceso a bienes importados en programas de alimentación del Gobierno. Expresa que con esa decisión se han violado principios legales y los derechos adquiridos de los productores nacionales y los establecidos en el capítulo 9 del DR-Cafta: Contratación Pública. Rivera, un abogado especializado en negociaciones comerciales, dijo que ese cambio ha alterado los requisitos solicitados en el formulario de productos licitados, establecidos en el pliego de condiciones específicas para Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos, en lo concerniente a la adquisición de artículos comestibles, regidos por la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la ley 449-06, de fecha 06 de diciembre del 2006, y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el decreto 543-12.
Posición de la AIRD
El pasado miércoles, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reclamó a las entidades del Gobierno dar preferencias a los productos de fabricación nacional en las licitaciones de compras públicas. Y destacó que el DR-Cafta y la Ley de Compras y Contrataciones establecen la posibilidad de favorecer y privilegiar la adquisición de productos nacionales en los procedimientos para la compra de productos comestibles para programas asistenciales del Estado. Alegó que las disposiciones y requisitos de no discriminación estipulados en el capítulo que se refiere a las contrataciones públicas en el DR-Cafta no tienen que ser aplicados a los programas de compras gubernamentales para promover el alivio a la pobreza o a la protección de mujeres, discapacitados, niños y adolescentes, especialmente en áreas rurales y en la frontera con Haití.
El licenciado Rivera, mientras tanto, dijo que “esta situación requiere que el Gobierno realice los mayores esfuerzos a fin de que los órganos superiores encargados de la aplicación de las legislaciones y normas nacionales sobre las contrataciones públicas, en su relación con tratados internacionales que tratan sobre la materia, como el DR-Cafta, hagan la debida coordinación interna”.
Considera que “al parecer, la Dirección de Compras de la Oficina del Plan Social de la Presidencia, que siempre ha estado cuidando los sectores nacionales, al recibir el recurso presentado por los afectados ha mostrado disposición de regresar al sistema anterior de respetar los derechos adquiridos, después de haber efectuado una revisión que constata los fundamentos de las políticas públicas que justifican el trato de exclusividad para los sectores nacionales, así como las normas internacionales multilaterales y de tratados, incluyendo el DR-Cafta”.
El esquema anterior favorecía lo nacional
El licenciado Hugo Rivera, en tanto, afirma que el modificado pliego establecía las condiciones específicas e inalterables para ciertas categorías de productos que debían de ser bienes de producción nacional. “Según lo consignado en el formulario numeral 2.8 que afectan los siguientes productos: pastas, harina de maíz, avena entera, aceite de soya, cocoa en polvo, salchichas viena, sazón en polvo, solo en el caso de productos no producidos en el país y necesarios como las sardinas se permitía la importación”, dijo.
