El tema del aborto es demasiado complejo para dejarlo sólo en manos de las iglesias. La desproporcionada reacción de las autoridades católicas lo pone de manifiesto. Asumir la discusión desde la perspectiva radical mostrada en estos días por los abanderados de toda forma de interrupción del embarazo es una intimidación para reducir el debate a posiciones extremas e irracionales. Nadie en el Congreso, ni entre los grupos defensores de cambios en la redacción del Código Penal en lo referente al tema, ha propuesto la despenalización o legalización del aborto. De manera que el debate actual se fundamenta en una tergiversación.
Los grupos religiosos, especialmente la jerarquía católica, pretenden eliminar el derecho de las personas a decidir con plena libertad y conciencia, en aquellos casos en que la vida de la madre puede estar en juego. Si a lo que se aspira es a garantizar el derecho a la vida desde el momento de la “concepción misma” dónde quedaría ese derecho cuando la criatura por nacer represente un peligro de muerte para la madre. ¿Es la Iglesia la llamada a decidir en ese instante crucial? ¿Cuál debe ser la actitud del médico en una situación como esa?, ¿salvar al bebé o salvar a la madre?
Estamos pues ante un dilema demasiado grande para decidirlo sobre fundamentos estrictamente religiosos. No podemos, en aras de la libertad y la salud mental de la nación, descartar de la discusión reservas de carácter médico-científico, éticas y morales que aparecen en algunas observaciones rechazadas con argumentos baladíes por los fundamentalistas del tema. Autoridades católicas se han valido de vocablos poco pastorales para detractar a quienes sustentan una posición contraria. Por tratarse esencialmente de una cuestión de salud pública y derechos humanos, el caso requiere de una estricta ponderación por parte de los diferentes organismos del Estado, sin presiones de carácter religioso.
