A pesar de los avances que han logrado a lo largo de las últimas décadas, las mujeres están todavía en seria desventaja frente a los hombres en el acceso al trabajo y a las oportunidades económicas. Mientras tres de cada cuatro hombres en edad de trabajar están activos, en el caso de las mujeres sólo la mitad.
Además, las mujeres siguen recibiendo menores salarios por igual trabajo, experiencia y capacidades. A nivel mundial, los salarios de las mujeres son 24 por ciento inferiores a los de los hombres, y dos terceras partes de las personas ocupadas en actividades económicas familiares no remuneradas son mujeres. A pesar de eso, “en todas las regiones las mujeres trabajan más que los hombres: realizan casi dos veces y media la cantidad de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y si se combina el trabajo remunerado y el no remunerado, en casi todos los países las mujeres trabajan más horas al día que los hombres”.
Son cifras reveladoras que ofrece el informe “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-16”, elaborado por ONU Mujeres bajo el título “Transformar las Economías para Realizar los Derechos”. El informe brinda un programa de acción para derribar las barreras que impiden a las mujeres ejercer derechos fundamentales.
Aunque reconoce que las mujeres tienen un potencial de consumo y de producción importantísimo que puede contribuir a acelerar el crecimiento económico, apunta a que la preocupación fundamental no debe estar centrada en cómo aprovechar el potencial económico de las mujeres porque eso equivale a poner a las mujeres al servicio de la economía sin necesariamente expandir las oportunidades de ellas. Por el contrario, el objetivo debe ser el inverso: cómo hacer que la economía sirva de manera equitativa a hombres y mujeres.
La respuesta que ofrece el informe a la pregunta de cómo lograr esto es que las políticas públicas tengan como objetivo que las mujeres logren ejercer sus derechos humanos. Y para ello, sugiere actuar de manera simultánea y coordinada para: a) corregir la desventaja socioeconómica de las mujeres, b) luchar contra los estereotipos, el estigma y la violencia, y c) fortalecer el poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. Sólo de esa manera se pueden transformar todas las instituciones económicas y sociales que impiden a las mujeres acceder a oportunidades en igualdad de condiciones, impidiendo que queden relegadas a los empleos más precarios y poco gratificantes. Esto pasa por cambiar las creencias, normas y actitudes en los hogares, las comunidades y los países que limitan la participación de las mujeres y que alimentan la discriminación en el mercado de trabajo.
Igualmente, el informe identifica tres grandes áreas prioritarias sobre las que es necesario actuar. La primera es promover el trabajo decente para mujeres, en la medida en que el trabajo remunerado es un “pilar fundamental para la igualdad sustantiva de las mujeres”. Sin embargo, apunta, esto es posible siempre que la responsabilidad en los cuidados del hogar sea compartida entre hombres y mujeres. Si las mujeres siguen siendo las únicas responsables del cuidado en el hogar, sus opciones laborales continuarán siendo limitadas y desventajosas.
Otra área es el impulso de políticas sociales con perspectiva de género. Eso significa que los servicios sociales públicos universales y las políticas de protección como los programas de transferencias, deben priorizar un acceso o beneficio igualitario, contribuir a vencer las barreras que tienen las mujeres para acceder a éstos como la carga de trabajo doméstico y la falta de dinero para hacer pagos complementarios, y que éstos no refuercen el estigma sobre las mujeres por el hecho de necesitar apoyo. Servicios con mayor cobertura y calidad son esenciales para lograrlo, pero a la vez que estos respondan a las necesidades específicas de las mujeres, incluyendo servicios de cuidado de salud e infantil, y de agua y saneamiento que alivien la carga que pesa sobre ellas.
Por último, hay que hacer política macroeconómica pensando en los derechos de las personas, incluyendo las mujeres. Erróneamente, se entiende que las políticas macroeconómicas son neutrales al género, pero no lo son porque tienen impactos diferentes en hombres y mujeres. Por ejemplo, aumentar la tasa de interés reduciendo la liquidez para controlar la inflación puede afectar desproporcionadamente el empleo femenino. No se pueden diseñar políticas de este tipo que sean distintas para hombres y mujeres pero sí se puede, cuando se ponderan las decisiones, considerar esos efectos diferentes. Esto debe contribuir a tomar mejores decisiones y a articular adecuadamente éstas con otras políticas como las sociales o las de empleo.
Las mujeres también tienen derechos. Por ello, la economía y las políticas que la transforman deben estar al servicio de ellas y no sólo de los hombres.
