La semana pasada los diputados del PLD con ayuda del PRD, le hicieron un flaco servicio a su partido al aprobar de urgencia y violado procedimientos básicos, un proyecto de ley de partido que ha provocado serias críticas, en un momento en que esa organización está en la lupa por los efectos de su lucha interna y la sorprendente rebelión interna contra su comité político.
He tomado algunas de las críticas del exhaustivo análisis de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), porque comparto sus preocupaciones y para llamar la atención sobre este inquietante tema e invitar a la lectura, si no del texto completo de su exhaustivo análisis, por lo menos del resumen en que aborda algunas de las cuestiones centrales. A continuación resumo algunos de estos señalamientos.
Lo aprobado reitera los errores de anteriores proyectos, lo que implica que si lo sancionado el Senado, no tendremos una ley para superar el actual desorden y falta de control en que se desempeñan los partido. Lo que entregan los diputados profundiza la opacidad en la que actúan los partidos y hace más difícil que los órganos competentes ejerzan control sobre sus prácticas ilegales.
La sociedad ha reclamado una ley para fortalecer los mecanismos democráticos internos para la elección de sus autoridades, el fomento de una cultura de transparencia que impida que el crimen organizado penetre los partidos y establecer sanciones a la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y representantes públicos, abriendo las puertas para que las mujeres y los jóvenes se integren en condiciones de equidad al ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Lo aprobado apuntalará la falta de interés de los partidos para corregir la falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos, las escasas oportunidades de participación de la mujer, la falta de idoneidad de los candidatos, el mantenimiento del favoritismo y la baja calidad de la formación política, entre otras. No se citan los cargos públicos incompatibles con la actividad partidaria. Se diluyen las garantías de la democracia interna, y se elimina la obligación de elecciones internas con voto libre y secreto.
Sorprende que, excepto en el reconocimiento de la soberanía popular, en todos los ejes clave del proyecto aprobado por los diputados del PLD se reflejan las mismas limitaciones, distorsiones y deficiencias observadas en anteriores proyectos, que tenían en común desnaturalizar la propuesta de la Junta Central Electoral y los aportes de organismos nacionales e internacionales expertos.
Los partidos políticos son organizaciones públicas que postulan a quienes dirigirán el Estado. Si yo, ciudadano común, estoy obligado a rendir cuentas y a regirme unas leyes y normas, por qué ellos quieren libertad para actuar como pandillas sin ley.
