En la tarde de ayer, la Junta Central Electoral (JCE), a través de su presidente, Roberto Rosario Márquez, reveló que después de un proceso de conversaciones entre comisiones técnicas de esa institución y el Ministerio de Hacienda, se estableció un procedimiento para facilitar el financiamiento del montaje de las próximas elecciones nacionales del 15 de mayo de 2016.
Esa es una buena noticia. Hay que decir que había inquietud por el hecho de que el Gobierno no incluyera las partidas extraordinarias en el presupuesto de este año necesarias para la organización de las elecciones, y que tampoco fluían los recursos.
El dato de que los recursos empezarán a fluir es una buena señal porque permite que la JCE vuelva a la normalidad. Recordarán que la falta de recursos condujo a la suspensión de 300 empleados que trabajan en diferentes programas claves.
Hay que significar que para facilitar las cosas, la JCE y el Ministerio de Hacienda hicieron un interesante ejercicio. Se juntaron, estudiaron los requerimientos y formularon un proyecto que contiene un cronograma de flujo y desarrollo de las diferentes actividades con vistas a las elecciones.
La Junta debió actuar con flexibilidad, presentar, detallar sus planes y discutirlos con el Ministerio de Hacienda, y constructivamente avanzar en la dirección deseada.
La JCE ha comunicado que tan pronto comiencen a llegar los recursos, se retomará el proceso complementario de cedulación; serán reabiertos los 47 puntos móviles para empadronar y cedular en el exterior; lo mismo que los procesos de licitaciones suspendidas para llenar los requerimientos y la ejecución de los trabajos propios de la Junta en relación a las implicaciones de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14 sobre la Regularización de Extranjeros en el país.
Satisface que se haya buscado una fórmula de entendimiento que permitirá encarrilar de manera transparente el montaje de las próximas elecciones. Termina una fuente de perturbación institucional. Una menos.
