Los hechos violentos que ocurren en algunos pueblos de la región Norte son más que preocupantes. Perturban la paz ciudadana. Muchas personas inocentes víctimas de asaltos, o asesinatos entre delincuentes.Como rutina se informa sobre un solo individuo que por encargo mata cualquier cantidad de personas. Esta misma semana la Policía Nacional sometió en Santiago a un individuo con la acusación de asesinar a nueve personas, por encomienda.
El municipio de Moca sufre una guerra entre delincuentes que ya cuenta ocho muertos, sólo en el mes de mayo.
Otras formas de criminalidad llegan recurrentemente a los medios de comunicación. Muchos hechos terribles. Algunos ni siquiera se publicitan. Se quedan en la vecindad.
La ciudadanía que desea la tranquilidad parece que se acostumbra a esa situación y trata de sobrevivirla. Pero necesariamente es un estado de sobresalto.
Cuando la violencia se acrecienta en algunas regiones del país, hay quienes aventuran la tesis o la percepción de que los criminales organizados se mueven de un sitio a otro como medio para eludir el necesario seguimiento de las autoridades.
El crimen actúa con astucia, la misma que deben poner en práctica las autoridades para extender su brazo persecutor. ¿Acaso no se recuerda que no hace demasiado tiempo que la criminalidad se aposentaba principalmente en las provincias La Altagracia y Santo Domingo? ¿Qué mecanismos de disuasión han instrumentado las autoridades para disminuir esas tendencias de criminalidad en esas localidades?
Observar las tendencias en la movilidad del crimen podría ser un elemento a considerar por quienes tienen a cargo la política de seguridad ciudadana.
La gravedad de los hechos en la región Norte, desde el valle de La Vega, Santiago hasta Puerto Plata, requiere un seguimiento especial de las autoridades, que permita devolver algunos niveles de seguridad a sus pobladores.
No es demasiado lo que se pide. Es simplemente el derecho a la seguridad y la paz.
