Además del poco acceso al trabajo que tienen las personas que en la República Dominicana viven con algún tipo de discapacidad, los escasos programas de inclusión que desde el Estado se ejecutan para favorecerlas parecen diseñados más en base al asistencialismo que a la protección y promoción de los derechos de las personas que viven con discapacidad.
Luego de recorrer algunas dependencias del Estado que tienen programas de inclusión de personas con discapacidad, se corre poco riesgo de pecar al afirmar que el trato dado por el entorno laboral hacia quienes viven con condiciones especiales se asemeja más al asistencialismo y a la pena que a una política dirigida a hacerlos sentir iguales a los demás.
Incluso, en algunas instituciones les tienen horarios especiales, sobre todo en horas de la tarde, sirviendo en puestos alejados de la vista pública.
Pero otros, como el abogado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), José A. Marmolejos, ya sube a estrado y afirma recibir un trato normal de sus compañeros. La psicóloga Elaine Martínez Suero ilustra el cuadro al observar que en muchas instituciones donde emplean personas con discapacidad los demás empleados las ven como objetos de mimos y juegos, haciéndole sentir en la práctica seres más especiales de lo que en realidad son.
Este “golpeo moral a la autoestima” de las personas con discapacidades, como lo define Martínez Suero, se hace más patético con las que viven con obesidad mórbida, la forma más temible del sobrepeso, pues además de disminuir la expectativa de vida causa discapacidad, minusvalía y problemas de exclusión social.
Obesidad y discriminación
De acuerdo con Michelle Vázquez Peña, por sus efectos a nivel colectivo la obesidad es un problema de salud pública, el cual se ha ido incrementando como efecto de los cambios en las costumbres sociales y alimentarias. Para la nutrióloga clínica y médica estética, la situación de discriminación contra estas personas es terrible.
Vázquez Peña cuenta que entre sus pacientes hay quienes han sido relegados a lugares invisibles en sus centros de trabajo, mientras a otros los han amenazado con expulsarlos si en determinado plazo no rebajan de peso.
Es por ello que entiende que hay que pensar en calificar a la obesidad como una discapacidad siempre que sea para garantizar sus derechos laborales y proteger sus puestos de trabajo, ya que “una persona obesa, si hablamos a nivel de salud, puede cansarse más fácil y se le baja el autoestima”. “A las personas con obesidad no se les puede discriminar, no se les puede excluir, sino darle un soporte a nivel de la empresa para mantenerlo en el trabajo, pero lo que se está viendo es una tendencia a aislarlas, a hacerlas invisibles dentro de la empresa”, sostiene. Vázquez Peña dice que a algunas de sus pacientes las han sometido a vejámenes como decirles que no hay uniformes de sus tallas o negarles promociones porque ello supondría tenerlas visibles al público, “y eso constituye un bochorno ante sus compañeros”.
Violación de derechos
Para instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esto tiende a profundizar la desigualdad debido a que subvalora a los individuos y contribuye poco a elevar su autoestima.
Según el presidente de la entidad, ello acentúa el hecho de que las personas que en el país viven con algún tipo de discapacidad “no disfruten de sus plenos derechos, entre ellos el acceso al trabajo, a pesar de que la Constitución, las leyes y tratados internacionales de los que el país es signatario ofrecen garantías para ello”.
A su juicio, a ello contribuye también lo que define como la “norma” criolla de no apegarse a la ley, lo que hace letras muertas a los instrumentos legales que favorecen este grupo vulnerable. Sin embargo, el defensor de los derechos humanos observa que la legislación criolla en ese sentido es muy joven.
Manuel María Mercedes dijo, además, que en el país se tiene la cultura de ver a las personas con condiciones físicas o intelectuales especiales más como niños que como seres humanos que deben recibir oportunidades y tratos dentro de los parámetros normales.
Sindicalistas no emplean personas discapacitadas
Aunque aseguran que defienden los derechos laborales de todas las personas que trabajan, las tres principales centrales sindicales de la República Dominicana no tienen programas de incluir a las personas con discapacidad en sus nóminas. De unos 12 empleados que tiene la Central de Unidad Sindical (CNUS), ninguno tiene discapacidad, e igual sucede con la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), que tiene cinco empleados. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) rehusó revelar el número de empleados que tiene, pero sí dijo no tener a nadie con discapacidad. Por ser entes sociales que se manejan como empresas privadas, las centrales sindicales deberían acoger el mandato de la Ley 5-13 y tener un 2% de personas con discapacidad en sus nóminas.
