Una de las características de la sociedad dominicana ha sido su tendencia creciente a buscarle soluciones particulares a los problemas colectivos que padece. Esto se ha dado fundamentalmente en el plano económico y social. Así, no es extraño que frente al crecimiento de la delincuencia y la criminalidad, se recurra a la privatización de la seguridad ciudadana. Lo propio ha pasado con servicios fundamentales para la calidad de vida de la población, como el de la salud, la educación o el de la energía eléctrica. Ante la ausencia del Estado priman las soluciones individuales, dando lugar a que emerjan iniciativas privadas buscando oportunidades de negocio.
El plano institucional no es ajeno a estas tendencias privatizadoras o personalistas, a partir de las cuales proyectos particulares buscan la manera de controlar el poder político desde una perspectiva centralizadora. La debilidad de las instituciones ha provocado que a lo largo de nuestra historia política aparezcan liderazgos mesiánicos que la sustituyen. A su vez, este tipo de liderazgo impide que las instituciones de la democracia se desarrollen, pues es la manera de estos mantener vigencia. No han valido décadas de reformas políticas e institucionales, el ejercicio clientelar y caudillista de la política sigue siendo muy fuerte en el país.
El reciente discurso del presidente del partido oficial es una muestra de la visión de la política como una actividad centrada en una persona. En el mismo, este político se autodefinió como principal auspiciador de la actual Carta Magna y su guardián, vigilante y centinela. De esta manera desconoció que desde hace décadas distintos sectores del país habían estado planteando la necesidad de una profunda reforma constitucional mediante una constituyente. Por otro lado, ignoró que es al Tribunal Constitucional a quien le correspondería garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
El personalismo es uno de los grandes males de la democracia dominicana. Esto ha impedido que las instituciones jueguen su rol de contrapeso en el sistema político, al integrase con individuos leales a un líder político. Es momento de cuestionar seriamente la composición político-partidaria de los órganos constitucionales y presionar para que esto cambie. La lealtad de los miembros de estas instituciones no debe ser a una persona, sino a la Constitución y las leyes. En tal sentido, es importante que la sociedad demande que la integración de estos organismos no responda a la conveniencia política de un sector determinado. Desde ya hay que prestar atención a la renovación de estos órganos constitucionales a partir del año 2016.
