Todos los plazos se cumplen y el otorgado para la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros no es la excepción. En apenas una semana finaliza el período de ejecución de ese plan.Las quejas, denuncias y propuestas surgidas últimamente presagian un final no muy feliz para el Plan. Si se analizan las estadísticas que han sido divulgadas acerca de la cantidad de personas que se han registrado y se compara con la cantidad de documentos suministrados por el Gobierno haitiano para sus ciudadanos, que son el grueso de los extranjeros que residen irregularmente en la República Dominicana. Se habla que apenas un 5% de los pasaportes solicitados ha sido entregado. Con una contrapartida de ese nivel difícilmente el plan tenga una ejecución medianamente aceptable.
Mientras las denuncias de maltrato y de cobros excesivos continúan en los centros de inscripción, el reloj sigue avanzando, acercándose al día 17, cuando expira el plazo.
El Gobierno haitiano ha querido llevar a las autoridades dominicanas a firmar un protocolo de repatriación que no vemos razón para que tengan que rubricarlo. Lo que debe el país es, una vez iniciado el proceso de repatriación, hacerlo dentro de los parámetros de respeto a la dignidad humana. Pero firmar un protocolo parecería una treta dirigida más a complicar el proceso que a facilitarlo.
En todo el proceso, y dentro del plazo de aplicación del Plan, se notó cierta dejadez de parte de las autoridades haitianas, llamadas a suministrar la documentación que necesitan sus ciudadanos. La planificación del programa, muy costoso para la parte dominicana, se ha mantenido hasta con cierto desinterés de quienes están llamados a beneficiarse o acogerse al mismo.
Ahora cuando la hora cero se acerca, las filas en los centros de registros se incrementan, lo mismo que las expresiones de desesperación y las críticas. También surgen las presiones para que el Gobierno amplíe el plazo.
Pero las autoridades han dicho que no habrá prórroga y que concluido el plazo, vendrá el proceso de deportación de extranjeros ilegales, que no son solo haitianos sino de 23 países. Prorrogar el plazo sería relajar ese concepto. Es necesario apostar a la cultura del cumplimiento.
