Sobre migración y nacionalidad

El Gobierno ha tenido que emplearse a fondo para dar respuesta a dos problemas muy complejos en la República Dominicana. Uno que tiene que ver con la puesta en marcha de un plan de regularización que concluyó su primera fase con un logro que superó&#8

El Gobierno ha tenido que emplearse a fondo para dar respuesta a dos problemas muy complejos en la República Dominicana. Uno que tiene que ver con la puesta en marcha de un plan de regularización que concluyó su primera fase con un logro que superó las expectativas iniciales. Queda el reto de dotar de documentos a aquellos que reúnan las condiciones para residir legalmente en el país. Los que no han regularizado su situación, deberán ser repatriados a partir de un procedimiento que tome en cuenta sus derechos fundamentales. Con esta medida, por primera vez se dan pasos hacia el establecimiento de una política migratoria clara.

El otro problema al que se ha buscado respuesta es a la pretensión de desconocer el derecho a la nacionalidad de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. A esta lamentable situación creada por la resolución 12-07 de la JCE y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, se le encontró una salida, vía la Ley 169-14, a partir de la validación y entrega de documentos de identidad a más de 55 mil personas afectadas por el despojo de su nacionalidad. A esto hay que prestarle especial atención, pues es la principal razón de que el país sea objeto de la crítica internacional.

La principal ofensiva para responder a las acusaciones que a nivel internacional se han llevado a cabo contra el país, es hacer las cosas de manera correcta como se ha estado haciendo en los últimos meses. Es sobre la base de este accionar que se pueden realizar campañas de información que permitan contrarrestar la confusión, la desinformación o la mala intención que pueda existir en algunos sectores. Por eso, además de la intensa campaña de comunicación gubernamental, se tiene que asegurar que las promesas realizadas sean efectivamente cumplidas, sobre todo las de respetar los derechos de las personas en estos procesos.

La mayor contribución de las organizaciones de derechos humanos en este tema, es la de constituir observatorios sociales tanto de la entrega de documentos de identidad a los que han sido afectados por la sentencia 168-13 como de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el plan de regularización. Es necesario monitorear las condiciones en que se realizan las repatriaciones así como la entrega de documentos de residencia a los extranjeros que cumplan con los requisitos establecidos en el plan. De este esfuerzo se pueden generar valiosas informaciones que sirvan al Estado para que las cosas funcionen conforme lo programado y para que no haya ningún tipo de atropello que afecte la integridad de las personas.

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