El esfuerzo económico, social y político que la República Dominicana ha hecho para solventar décadas de fragilidad en su política migratoria, es considerable; al día de hoy, más de 350 mil personas cuya condición migratoria es irregular, se han acogido al Plan Nacional de Regularización que en el Congreso aprobamos en el 2014.
Ciudadanos de 23 países distintos que estaban en condición irregular, hoy van rumbo a la legalidad que la Ley de Migración estipula para ciudadanos extranjeros presentes en la República Dominicana. Esto permite inferir que si en 2012, del universo de inmigrantes solo el 20% eran legales, hoy esa cifra se eleva al 75%.
Para nadie es un secreto, y así lo indica la Encuesta Nacional de Inmigrantes, de la Oficina Nacional de Estadísticas y de la Unión Europea, llevada a cabo en 2012, de donde más proceden inmigrantes, legales e ilegales, es del vecino Haití, que alcanza el 87.3% del total. Esto revela que la mayor presión migratoria en el país procede de ese país, con las consecuencias que conlleva, tanto para controlar el ingreso legal de ciudadanos extranjeros, como para reorganizar el estatus migratorio de cientos de miles de personas.
Los editoriales de grandes medios como El País y The Washington Post han atacado con excesiva crudeza a la República Dominicana, catalogando la situación como una auténtica demostración de racismo y xenofobia, guardando una insólita relación del presente con hechos del pasado, ocurridos durante la dictadura de Trujillo; todo esto a pesar de las demostraciones inequívocas de solidaridad y hermandad del pueblo dominicano con el haitiano, especialmente reflejado tras el fatídico terremoto de 2010, cuando nuestro país acudió al llamado de auxilio, no solo con palabras, sino con hechos concretos de ayuda económica y el apoyo de profesionales dominicanos para labores humanitarias y de reconstrucción.
Por igual, en las últimas semanas personajes públicos como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien llamó a boicotear la economía dominicana con un golpe al sector turístico, hecho que condenamos de la forma más enérgica, pidiendo además a legisladores de origen dominicano en Estados Unidos que salieran al paso de esas lamentables declaraciones. De su lado, el precandidato presidencial por el Partido Demócrata, Martin O’Malley, en una columna publicada en The Huffington Post, alertó sobre supuestas deportaciones masivas y violación de derechos humanos; ambas presunciones alejadas de la realidad y que han sido rechazadas por diferentes sectores públicos, privados y sociedad civil locales.
Todos estos episodios nos llaman poderosamente la atención, toda vez que las voces críticas contra el país por el supuesto maltrato que se le da al inmigrante, en especial el haitiano, no surgen en casos de probada violación a los derechos humanos, como las deportaciones que hacen por ejemplo desde Las Bahamas, donde se deportan ciudadanos haitianos por considerarlos un problema “molesto y caro”, según palabras del ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración de Bahamas, Fred Mitchell.
Esto ha sido incluso reconocido por el presidente Martelly de Haití, quien el 29 de junio en declaraciones llevadas a cabo durante el concierto con artistas internacionales que organizó su gobierno, se refirió a la hipocresía de criticar a República Dominicana mientras otros países constantemente deportan haitianos y nadie dice nada.
Lamentablemente, esto no fue tomado en cuenta por su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bocchit Edmond, quien ante el Consejo Permanente de dicho organismo acusó al país de generar un clima de violencia contra ciudadanos haitianos, maltratar a las mujeres que vienen a dar a luz en nuestro territorio, irrespetar el honor de su pueblo, atemorizar a los inmigrantes para que regresen a su país y de estar deportando dominicanos hacia Haití.
Acusaciones que nos dejan perplejos, pues rayan en lo teatral. El embajador Edmond ofende a tan honorable foro y a su propio gobierno al recurrir a mentiras como estas cuya falacia puede ser comprobada con visitar cualquier hospital de nuestra zona fronteriza.
Si de ejemplos a nivel mundial se trata, lo que ocurre con los países de Europa y la deportación de cientos de miles de inmigrantes provenientes de costas africanas, es un ejemplo de cómo no somos medidos con la misma regla. Italia, uno de los países más afectados, ha llamado a una respuesta continental del problema, porque por sí sola no puede absorber la presión migratoria. Hasta ahora, discursos y palabras de compromiso han sido la única respuesta que ha encontrado el primer ministro de ese país, Matteo Renzi.
La hoy precandidata presidencial por el Partido Demócrata y otrora secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo en abril de 2010 que deportarían ciudadanos haitianos que llegaran a costas norteamericanas de forma ilegal, alegando que las leyes de inmigración se aplicarían estrictamente, nada distinto de lo que ha querido hacer la República Dominicana.
Aunque tardío, el Gobierno dominicano ha llevado adelante una campaña efectiva de respuesta e información a la comunidad internacional sobre el alcance del fin del Plan de Regularización y de la aplicación de la Ley de Migración, con el propósito de terminar con la campaña de descrédito a nuestro imagen como país, resultando una total aberración, si consideramos que no hemos sido más que solidarios y humanos con el pueblo haitiano y con todos los inmigrantes que han elegido nuestro país como destino de desarrollo social y económico.
República Dominicana marca tendencia a nivel migratorio. Buscamos el orden de nuestro territorio, sobre la base de las leyes, en consonancia con acuerdos y tratados internacionales, y con especial consideración al respeto de los derechos de todas las personas. Esto, sin embargo, no significa ser endebles ante la presión internacional, ni a dejar de cumplir y hacer cumplir la ley. Aunque a algunos les moleste, nuestro país es un Estado de Derecho y camina rumbo a su consolidación. El orden migratorio es un paso concreto y sin precedentes.
