El pasado miércoles, el Senado de la República convirtió en ley el proyecto que crea el Servicio Nacional de Salud. La pieza debe estar en vía de promulgación por el Poder Ejecutivo.Esa ley es esperada por el Ministerio de Salud Pública, que tiene un mandato para descentralizar los servicios, establecer la red hospitalaria y regionalizar las prestaciones. Paralelamente se entiende que los hospitales pasarían a ser autogestionarios y su personal dependerá directamente del Servicio Nacional de Salud.
De hecho, es un viejo mandato de la Ley 87-01 que no terminaba de aplicarse en su totalidad. Con la nueva ley, el Ministerio de Salud deberá centrar su atención en las políticas macro, con énfasis en las regulaciones de todo el sector, la educación en salud y los programas de prevención. Es decir, la gestión con una visión de totalidad. Salud Pública dejaría de ser una agencia de empleos.
Para que el Servicio Nacional de Salud continúe su proceso de implantación, estaba sólo a la espera de la ley aprobada. Para avanzar correctamente, el Ministerio necesita recursos extraordinarios.
Es necesario que el sector Salud salga del vergonzoso estado a que lo tiene condenado la asignación de apenas un 1.6% del producto interno bruto. Ayer fue anunciado un movimiento que propugna por una mayor asignación.
En lo que el hacha va y viene, al Ministerio de Salud le caerían muy bien los cinco mil millones de pesos que están congelados en la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) para ser invertidos estrictamente en el proceso de instalación del Servicio Nacional de Salud, como se ha planteado.
Lo que no debe ocurrir es un nuevo reparto. Los fondos deben servir para mejorar los servicios de salud, más ahora, con la incorporación de los hospitales del IDSS al Servicio Nacional de Salud, que le dará mayor dimensión.
En definitiva, todo eso redundaría en beneficio de los más disminuidos que acuden a los hospitales, que a fin de cuentas son los mismos trabajadores que deben recibir los servicios de la Administradora de Riesgos.
