El gobierno del presidente Danilo Medina lleva a cabo con éxito evidente una intensa ofensiva diplomática para desvirtuar las distorsiones sobre el tema de la inmigración ilegal haitiana, movilizando a todo el servicio exterior y ocupándose él mismo de dirigirla. En ese esfuerzo, el mandatario se ha ganado el respaldo de importantes sectores de la población e incluso de muchos de aquellos que se le oponen en el plano político. Este ha sido el caso del candidato principal de oposición, Luis Abinader, quien juiciosamente se ha expresado a favor de las medidas puestas en práctica por el gobierno, para resolver o atenuar el impacto social y económico de una inmigración masiva e ilegal que trasciende la capacidad nacional para asimilarla.
El gobierno ha enfrentado muchas mentiras con las que se ha intentado colocar al país en situación de conflicto con la comunidad internacional. Una de ellas, tal vez la más repetida, habla de la deportación masiva de haitianos que han permanecido ilegalmente en el territorio nacional, gran parte de ellos desprovistos de documentación de su propia nación. Y este loable esfuerzo oficial ha logrado poner en evidencia propósitos que conspiran contra la imagen nacional. Si el regreso voluntario de miles de haitianos a su país crea una “crisis humanitaria”, qué significaría el ingreso ilegal de cantidades muy superiores a este lado de la frontera.
Las acciones puestas en marcha por el presidente Medina en defensa del derecho a decidir en materia migratoria, que es uno de los valores en juego, no necesita, como sugiere ahora el líder de la FNP, de la presencia activa de un expresidente que ha permanecido indiferente ante este caso, a despecho de cuánto significa para el país y para su propio partido, tal vez a la espera de un llamado de auxilio al salvador que él siempre se ha creído. Con la mayor parte de la tarea realizada su intervención de última hora le haría dueño del título.
