Unas 23 personas a las cuales la Junta Central Electoral les había retenido sus documentos de identidad se querellaron ayer contra el presidente y varios miembros de la entidad por alegados daños y perjuicios sufridos por las víctimas.La querella fue interpuesta contra Roberto Rosario, los miembros del pleno de la JCE, los oficiales del Estado Civil de las circunscripciones 1 y 2 de San Pedro de Macorís, las oficialías civiles de los municipios Ramón Santana y San José de los Llanos por la emisión de la resolución 012-2007 y la circular 017-2007.
Debido a esa medidas a varios hijos de migrantes haitianos nacidos en el país e inscritos en el registro civil dominicano, se les negaba sus actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral “por ser hijos de extranjero haitianos residentes de manera ilegal en el país, tener apellidos ‘raros’, por su color de piel o rasgos físicos, porque sus abuelos eran haitianos y porque sus padres estaban en supuesto tránsito”.
En la querella depositada en la secretaría de la Procuraduría General de la República, se explica que la JCE tiene responsabilidad penal y civil en el caso y que muchos de los afectados por esas medidas se vieron impedidos de realizar su vida de manera normal.
“Estas acciones realizadas han impedido que los querellantes realicen sus vidas de manera normal, es decir, los mismos no han podido continuar los estudios a nivel superior, no han podido declarar a sus hijos de manera oportuna, viajar, optar por trabajos dignos, acceder a créditos o préstamos, ejercer acciones de negocio, entre otras acciones”, expresó Antonio Pol Emil, uno de los abogados del grupo.
Destacó que esa situación les causó daños sociales, económicos y psicológicos a estas personas así como a sus familiares por lo cual estos deben ser indemnizados. Califican la medida de la JCE de discriminatoria, desigual, tortuosa, cruel e inhumana.
