Al realizar la apertura del primer Foro Interinstitucional sobre la Reforma Policial, el jefe de la Policía Nacional mayor general Manuel Castro Castillo, reconoció el estancamiento en que se encuentra esta institución desde su fundación hace casi 80 años. Es sin dudas un interesante ejercicio de autocrítica admitir que en la Policía se continúan usando los mismos métodos tradicionales, represivos y reactivos con que fue creada. Esta organización, como en los tiempos de la dictadura, se entiende como una instancia militar y con una función eminentemente represiva.
La Policía ha perdido la confianza de los ciudadanos dada su incapacidad para enfrentar el problema de inseguridad pública que vive el país. Más que combatir el crimen, esta institución se ha hecho parte de él. En la mayoría de los casos delictivos conocidos, están involucrados miembros de la Policía Nacional. En las comunidades temen denunciar a los criminales, pues saben que cuentan con la protección de las autoridades. A esto se suman las prácticas cotidianas de apresar a jóvenes en los barrios, con el propósito de cobrar un peaje a sus familiares. Esta no es más que solo una manifestación de la extendida corrupción que afecta a esta institución.
Por eso urge la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y un cambio profundo en su cultura. Este es un tema que no puede esperar más, pues ya han sido muchos los años de discusión y diversos los diagnósticos realizados. Es menester que la clase política asuma de una vez y por toda su responsabilidad de llevar a cabo las reformas pendientes en este tema. No se puede confundir el consenso con la unanimidad. Dentro y fuera de la Policía hay sectores que se resisten a su reforma; grupos que se benefician del desorden en que opera esta institución. A pesar de esta resistencia, es deber del Congreso Nacional dotar al país de un órgano policial que sea capaz de combatir con efectividad la criminalidad.
Esta reforma debe tener en cuenta, entre otros factores, el constituir una policía comunitaria o policía de proximidad, que sea capaz de prevenir la delincuencia y mantener una estrecha relación con los ciudadanos. Para ello se requerirá construir la confianza ciudadana sobre la base de la transparencia y el respeto de los derechos humanos. La reforma deberá crear condiciones para que la Policía se profesionalice y sea capaz de llevar a cabo investigaciones de calidad. Esto requerirá mejorar las condiciones laborales de sus miembros y dotarla de la tecnología necesaria para desempeñar sus funciones.
