La administración del presidente Danilo Medina ha transcurrido en paz, con escasas protestas o reclamos sociales, generalmente pacíficos. Podría decirse que ha habido correspondencia entre el comportamiento de los pobladores y las altas tasas de aprobación.
Nos acercamos al tercer año y difícilmente haya cambios significativos, al menos si miramos hacia el litoral político, donde los opositores están más centrados en los preparativos para las elecciones del año que viene que en vincularse a las luchas de los ciudadanos por sus reivindicaciones.
Por eso, hay que entender que los últimos reclamos en algunas localidades –provincias de Monte Plata y La Altagracia-, tienen arraigamiento social. Como esas provincias, otras comunidades tienen necesidades que no encuentran respuestas ni oídos para ser escuchadas, y cuando ocurre, a los pocos días, meses, sus reclamos caen en “el saco del olvido”.
Aparentemente, el eje de atención se centra en los segmentos poblacionales que son identificados para las famosas visitas sorpresa, que es lo que define la agenda social del Gobierno. Los especialistas que van de sitio en sitio son quienes deciden dónde debe descender la mano pródiga del mandatario.
Pero pueblos y ciudades tienen sus urgencias. Una provincia como La Altagracia, ¿acaso es justo que lleve 16 años reclamando un acueducto a sus habitantes, que de paso solucione el deficitario suministro de agua potable a la zona donde se asienta el corazón del turismo dominicano? Asimismo, reclaman la construcción de infraestructuras hospitalarias, la mejoría de sus calles y otras obras.
El paro de actividades de ayer fue un resonante éxito. Lo mejor es que fue pacífico y muy apoyado por la población.
Igual, los vecinos de Monte Plata también paralizaron sus actividades, cansados de reclamar que les reconstruyan el circuito de carreteras y atiendan otras necesidades.
El Gobierno tiene que mirar más allá de las escuelas. Tiene que atender otras urgencias comunitarias que no forman parte de la agenda de las visitas sorpresa.
Oír a los vecinos que sistemática y pacíficamente piden que el Gobierno los atienda. Que en sus planes priorizados, no sólo aparezca el Gran Santo Domingo.
