Ley y armas

Hemos criticado la búsqueda de soluciones a los problemas mediante una nueva ley. Naturalmente, la dinámica social obliga a crear nuevos estatutos, que se correspondan con las nuevas realidades. Un caso específico es la ley de armas, llamada a…

Hemos criticado la búsqueda de soluciones a los problemas mediante una nueva ley. Naturalmente, la dinámica social obliga a crear nuevos estatutos, que se correspondan con las nuevas realidades. Un caso específico es la ley de armas, llamada a sustituir la ley 36, cuya modificación más importante estuvo signada por la conflictiva situación del país a partir de 1965.

Otras realidades obligan a nuevos cambios. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados que ahora debe conocer el Senado, se aviene a los nuevos tiempos. Y resulta válida no sólo en lo que tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana, sino en relación a la industria, el comercio y a prácticas deportivas que conllevan el uso de algunos de esos instrumentos.

De todas formas, lo cierto es que las armas en manos de civiles constituyen un tremendo dolor de cabeza colectivo, para las personas individuales, las instituciones, y en definitiva, para quienes tienen a cargo la seguridad y la gobernabilidad.

Esta preocupación no es nueva, como la misma convicción de que tampoco una nueva ley de armas nos liberará de la violencia. Como siempre, los avances para la pacificación de las calles y la tranquilidad de las familias depende de la calidad de la gestión, los progresos en el uso de tecnología para el control y vigilancia, y en fin, en la implantación de una política de prevención efectiva.

Pero de nada vale capturar individuos con armas ilegales, si los jueces los van a despachar mediante una medida de “presentación periódica” o una fianza. El nuevo proyecto prevé una sanción de seis meses a un año de prisión. Pero en una sociedad donde la criminalidad está tan arraigada, dudamos que esa penalidad sea lo suficientemente disuasiva.

Asimismo, si una persona no tiene nada que proteger o defender, un negocio o un bien que lo exponga a riesgos, ¿para qué concederle un permiso de porte de armas?

Mientras tanto, el Estado y las fuerzas represivas deben lanzar una campaña seria contra las armas ilegales, y elevar la rigurosidad para conceder permisos de porte de armas. Una campaña inteligente en las calles y edificante en los medios de comunicación.

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