Creen veedurías no han contribuido con transparencia estatal

El director del área de Transparencia y Gobierno, de la organización cívica Participación Ciudadana y experto en transparencia en la administración pública, Carlos Pimentel Florenzán, criticó ayer el hecho de que a poco más de dos años de…

El director del área de Transparencia y Gobierno, de la organización cívica Participación Ciudadana y experto en transparencia en la administración pública, Carlos Pimentel Florenzán, criticó ayer el hecho de que a poco más de dos años de conformarse las comisiones de veedurías ciudadanas todavía no se conozca ningún informe con los resultados de los procesos auditados. Por esta razón las considera un instrumento poco efectivo que no ha garantizado el cumplimiento de la Ley 340, de Compras y Contrataciones.

“Hasta la fecha, me atrevería a decir de manera muy concreta, las comisiones de veeduría se convirtieron en instrumentos poco efectivos, y no en instrumentos que garanticen el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones”.

Consideró que actualmente estas entidades rinden una función meramente decorativa debido, en parte, a las dificultades para acceder a las informaciones que se generan en los procesos de compras y contrataciones, lo que da pie a que se sigan cometiendo las mismas irregularidades del pasado en una de las áreas que históricamente se han prestado a la corrupción para enriquecer a una minoría, sobre la base del empobrecimiento de la mayoría de la población.

En ese sentido, Pimentel insistió en la necesidad de que haya un sistema de consecuencias, en el caso de que se identifiquen irregularidades o faltas en la aplicación de la referida ley.

Una estrategia para desmovilizar a la sociedad civil

En términos parecidos se expresa el economista y consultor presupuestario, José Rijo Presbot, quien consideró que al crear las comisiones de veedores, el propio Gobierno ha desvirtuado el concepto de las mismas, al ponerlas prácticamente a merced de los funcionarios públicos, “resultando ser parte de una estrategia gubernamental que ha cumplido en parte su propósito de desmovilizar socialmente a ciertos grupos organizados en la sociedad civil, obtener opiniones positivas de determinadas personalidades y vender una imagen de transparencia”.

Advirtió que este Gobierno nunca ha cumplido con el mandato constitucional del artículo 240 que ordena hacer la publicación de la Cuenta General en el mes de abril de cada año.

Añadió que veeduría implica conocer y vigilar los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; conocer los planes, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas fiscales y financieras; conocer los procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de ejecución previstos desde el momento de su iniciación, en fin, realizar el acompañamiento antes, durante y después. “Y eso no se da”.

Sostiene que si las veedurías surgieran del ejercicio responsable de la ciudadanía, habría una presión social sobre los gobernantes para el manejo pulcro de los recursos públicos, incidiendo en la rendición de cuentas y transparencia.

“Sin embargo, con el control absoluto de todos los poderes del Estado por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), creando una sociedad sin consecuencias por la falta de independencia y contrapesos necesarios, donde los órganos de control (Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República) no cumplen responsablemente sus atribuciones, y el Poder Judicial está secuestrado por los mismos actores, es muy poco lo que se puede hacer con el florecimiento de la corrupción y la impunidad”, sentenció.

Añadió que la corrupción es intrínseca al gobierno del presidente Danilo Medina, la cual inicia por la violación reiterada de lo establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año.

Retrasos en entrega de información

El mes pasado, los miembros de las 24 comisiones se reunieron con el ministro de la Presidencia y coordinador de las Veedurías, Gustavo Montalvo, para pasar balance a la labor que vienen desempeñando y donde refirieron que aunque ha habido mejoras en la coordinación entre éstas y las dependencias donde operan, todavía persisten retrasos importantes en la entrega de las informaciones requeridas.

El alto funcionario prometió que se le daría solución a cada uno de los reclamos presentados, de manera que exista una recepción fluida de lo requerido por las comisiones.

En ese sentido, el Ministerio de la Presidencia estableció puntualmente que los documentos solicitados por las comisiones deberán entregarse en un plazo máximo de tres días a partir de la fecha de petición.

Hasta la fecha, existen unas 24 comisiones activas que operan en igual número de instituciones públicas, entre las que figuran los ministerios de Educación, Obras Públicas, Salud Pública, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, Defensa, Turismo, Hacienda, Interior y Policía, así como la Dirección General de Aduanas, el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y el Plan Social de la Presidencia, entre otras.

Los veedores, cuya labor tiene carácter cívico, voluntario, proactivo y ad honorem, provienen de distintos sectores representativos de la sociedad, y en teoría, son responsables de vigilar los momentos donde se identifiquen factores de riesgo que puedan desviar los objetivos principales de una contratación.

Otras entidades están llamadas a cumplir rol

Carlos Pimentel advierte que en el país ya existen otros órganos de control como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la propia Dirección de Compras y Contrataciones, llamados a garantizar la aplicación de la Ley 340, y velar porque existan consecuencias en caso de encontrar algún nivel de irregularidad. A las entidades mencionadas se suma la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, fundada durante la gestión del expresidente Leonel Fernández, y que hasta hace poco presidía el doctor Marino Vinicio Castillo. Según la misión y visión de la institución, su fin es fomentar y promover la ética, eficiencia y transparencia en el Estado y convertirse en un órgano rector en las políticas de prevención de la corrupción en el Estado.

Posted in Sin categoría

Más de

Más leídas de

Las Más leídas