La justicia de estos tiempos no se puede imaginar sin el funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), toda vez que es una herramienta clave para identificar con propiedad las evidencias en hechos delictivos, sea un crimen de sangre o para determinar la naturaleza de las sustancias ilegales, como drogas narcóticas, o de uso restrictivo determinado por la ley.
Como instrumento de la Procuraduría General de la República, creado mediante la ley 458-08, cumple en consecuencia con esa función clave para el esclarecimiento de múltiples casos que las autoridades deben investigar y presentar a los tribunales.
Sin embargo, una visita puede resultar deprimente para quienes suponen al Inacif como un laboratorio con los mayores estándares de calidad.
Un vistazo a su interior, y si se permite, una mirada detenida hacia sus diferentes departamentos, revelará las condiciones en que se desempeñan sus servidores.
El sistema de ventilación es más que precario. Profesionales trabajando con sustancias peligrosas bajo altas temperaturas, en las cuales los medios de protección de la salud física simplemente no pueden funcionar adecuadamente.
En las áreas que requerirían temperaturas especiales -como los laboratorios de toxicología, drogas y sustancias controladas en general-, es incomprensible que los técnicos se desempeñen como lo hacen. La buena imagen alcanzada se debilita cuando se confronta con esa realidad material.
El Inacif necesita otro trato de la Procuraduría General de la República, del gobierno. Requiere de mejores condiciones ambientales. Para alcanzarlas sus autoridades deben recibir más recursos. No nos atrevemos a decir que trabajan a “mano pelada”, pero sí con limitaciones evidentes. La simple observación así lo refleja. Mientras unos derrochan, otros padecen cumpliendo su misión.
Y que no vengan ahora a llamar la atención ni a reprimir a ningún técnico. Lo que deben es críticamente preguntarse si es justo que el Inacif sufra “precariedad visible”, aunque nadie la quiera ver.
Esa clase de entidad única estatal merece otro trato.
