MIAMI— El precandidato presidencial republicano Jeb Bush presentó el lunes planes para mejorar la seguridad en las fronteras del país y cumplir las actuales leyes de inmigración, y afirmó que ambos aspectos son un requisito que debe asumir cualquier presidente antes de que comience a abordar el estatus legal de 11 millones de personas que se calcula viven sin permiso en Estados Unidos.
«Encontrar una solución práctica al estatus de las personas que viven hoy sin permiso aquí es imposible si no se garantiza la seguridad de nuestras fronteras frente a la futura inmigración ilegal», dijo el exgobernador de Florida en un comunicado difundido en antelación al foro que tendrá lugar el lunes en la noche entre los precandidatos del Partido Republicano en Nueva Hampshire y el primer debate entre los presidenciables de esa fuerza política que se efectuará el jueves.
La atención en la seguridad fronteriza como precondición para cualquier reforma a las leyes de inmigración del país se ha convertido en un punto común de política entre los aspirantes a la candidatura presidencial republicana.
Sin embargo, la atención de Bush a este aspecto del debate es notable, ante los meses que ha dedicado defendiendo su apoyo a crear una opción para el estatus legal permanente de quienes se encuentran sin permiso en el país, una postura que es profundamente impopular entre los electores más implacables del partido que participarán en las elecciones primarias.
Muchos aspectos de la propuesta de seguridad fronteriza de Bush, desde la creación de «bases de operaciones de avanzada» hasta el incremento del uso de drones y demás tecnología para vigilar a traficantes de drogas y personas, no son nada nuevos. Muchos de esos sistemas ya los utilizan las autoridades federales y reflejan, en gran parte, las propuestas que Bush escribió en su libro de 2013 «Immigration Wars» (Guerras de inmigración), que escribió con el exfiscal federal Clint Bolick.
Bush —quien habla español con fluidez, está casado con una inmigrante mexicana y describe a sus hijos como hispanos— ha adoptado una postura migratoria menos rígida que el resto de los aspirantes a la presidencia por el partido republicano.
Señaló que aquellos que ingresan sin permiso en Estados Unidos lo «hacen en un gesto de amor» en pos de una vida mejor para sus familias. Bush también ha argumentado que una solución a la controversia migratoria es crucial para impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos. Señaló que el proceso de la inmigración legal debe enfocarse más en permitir el ingreso de los trabajadores que necesita el país en lugar de reunir a las familias.
La semana pasada, Bush rechazó nuevamente la idea de que la solución de la controversia migratoria comience con la deportación masiva de las personas que viven sin permiso en Estados Unidos.
«La idea de la autodeportación, de redadas de personas, no es un valor estadounidense», dijo Bush durante un acto en campaña en Florida. «Los estadounidenses rechazan esa idea».
Allende las fronteras, Bush señaló en su propuesta del lunes que el gobierno federal debe mejorar su registro de visitantes extranjeros y citó un informe emitido en 2005 por el Centro Hispano Pew, según el cual la mitad de quienes viven sin permiso son personas que se quedaron en el país aun cuando habían vencido sus visas.
«Aunque necesitamos encontrar una solución práctica al estatus de las personas que viven aquí de manera ilegal, en lo que avanzamos para garantizar la seguridad en las fronteras, necesitamos identificar y repatriar a quienes entraron de manera legal pero cuyas visas han vencido o a quienes han violado las condiciones de su admisión», comentó.
A la fecha, las autoridades de Seguridad Nacional carecen de un sistema confiable de visado para el ingreso y salida de migrantes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la autoridad en los puertos de ingreso al país, comenzó el mes pasado un programa piloto en el que se prueban dispositivos manuales a fin de escanear las huellas dactilares de algunos viajeros extranjeros cuando salen del país por el aeropuerto de Atlanta.
Antes de que finalice el año, los dispositivos estarán a prueba en aeropuertos de ocho ciudades adicionales. El programa ordenado por el Congreso funcionará hasta junio próximo a fin de crear un sistema biométrico de salida para visitantes extranjeros. El programa ha enfrentado demoras repetidamente debido a que Seguridad Nacional afirma que tiene un costo exorbitante.
