1,358 funcionarios serán investigados

Sólo 333 servidores públicos de los 1,691 obligados por la Ley 311-14 a depositar en un plazo establecido su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, cumplieron con esa disposición legal.

Sólo 333 servidores públicos de los 1,691 obligados por la Ley 311-14 a depositar en un plazo establecido su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, cumplieron con esa disposición legal.Ayer la presidenta de esa institución, Licelott Marte de Barrios, entregó al procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, el listado de 1,222 funcionarios públicos que no hicieron su declaración jurada y 136 que la entregaron luego del vencimiento del plazo.

Los principales servidores de entidades que han incumplido con el mandato establecido en la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, son los directores de la mayoría de los distritos municipales del país, los vicealcaldes de ayuntamiento municipales, embajadores, directores, directores centrales y comandantes de la Policía Nacional, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, así como encargados de compras de diversas entidades.

También figura el vicerrector de extensión y el vicerrector de investigación y post grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rafael Nino Féliz y Francisco Vegazo Ramírez, respectivamente.

Durante rueda de prensa en la Procuraduría General de la República, encabezada por Marte de Barrios y el procurador Domínguez Brito, este último informó que se iniciará el proceso investigativo de esos funcionarios para determinar si han incurrido en enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y otros actos de corrupción administrativa.

La CCRD clasificó a los funcionarios en tres grupos: primero, los activos que no han hecho su declaración jurada de bienes; segundo, los que fueron removidos del cargo hacia otra posición o hayan quedado sin funciones y no han hecho su declaración, y tercero, los funcionarios que presentaron su declaración.

Los listados fueron remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para que inicie el proceso investigativo y determine la acciones que se realizarán de acuerdo a lo establecido en la ley.

Domínguez Brito dijo que existen dos procedimientos en ese tipo de casos; una parte administrativa por lo que muchos funcionarios deberán asumir las sanciones de lugar de acuerdo a lo que estable la Ley 41-08 de Función Pública. Y en la otra parte está el aspecto penal donde evaluarán cada uno de los casos y en los que se haya determinado algún hecho delictivo, se procederá al sometimiento a la Justicia. 

Los datos se obtuvieron de varias entidades

Entre las instituciones que han entregado información para identificación de sus funcionarios, se encuentran la Suprema Corte de Justicia, para los jueces y el personal administrativo; el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte. Asimismo, la Junta Central Electoral y la Dirección General de Compras y Contrataciones.

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