Las noticias que dan cuenta de que autoridades migratorias de Haití impiden el ingreso de connacionales que llegan por tierra a los puestos de entrada a su territorio, procedentes de República Dominicana, resultan chocantes, más bien incomprensibles.
Ciudadanos con toda la documentación que demuestra claramente su nacionalidad, su lugar de procedencia, sus vínculos y arraigos familiares en su país, y comoquiera son sometidos a humillación y rechazos, con la ordenanza de que deben retornar a República Dominicana.
¿A qué puede obedecer ese comportamiento de las autoridades migratorias haitianas? Ellas lo sabrán, pero surgen especulaciones vinculadas a las próximas elecciones municipales y legislativas el 9 de este mes.
Desde el punto de vista de la Constitución haitiana estamos ante una violación flagrante, abusiva y arbitraria de los derechos de esos ciudadanos, que merecen una justa defensa de los mejores promotores de los derechos de este lado de la isla.
El artículo 9 de la Constitución haitiana expresa claramente lo siguiente: “La nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona o entidad con el Estado”. El artículo 10 añade: “La nacionalidad haitiana de personas físicas puede ser una nacionalidad de origen o nacionalidad adquirida”.
El artículo 11 de dicha Constitución es más precisa aún: “Son haitianos por origen: 1) Todas las personas nacidas en Haití de padre haitiano o madre haitiana; 2) Todas las personas nacidas en el extranjero de padre y madre haitianos; 3) Todas las personas nacidas en Haití de padre extranjero o, si no es reconocido por su padre, madre extranjera, siempre que descienda de la raza negra”.
Es decir, que no hay forma de que un ciudadano haitiano pueda perder su nacionalidad. No se explica cómo les están impidiendo el regreso a su territorio. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué podrían estar urdiendo?
Mucho menos tiene sentido el alegato de apatridia que pretenden invocar las autoridades haitianas y organismos internacionales que buscan subterfugios para atacar a la República Dominicana.
Las autoridades haitianas deben respetar su Constitución y particularmente, los derechos de sus ciudadanos.
