No habría que esperar demasiado tiempo para ver en los medios el anuncio sobre la constitución de la Asociación Nacional de Narcotraficantes Reinsertados (Ananare), con sigla y todo. Son suficientes y poderosos, supermillonarios, para establecerse como señores, después que fueron entregados a Estados Unidos, sin ningún cargo, cumplieron penas negociadas y retornan con todos sus bienes o con “calidad” para recuperarlos. Y más aún, con el aval de las autoridades que prontas anuncian que esos señores no tienen nada pendiente con la justicia dominicana. ¡Sálvenos Dios!
Hemos dicho y reiterado que los términos en que se ha producido la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos, sin condicionalidades, pese a todos los crímenes cometidos en el país, devienen en una vergüenza, en una burla a la sociedad victimizada por el crimen organizado.
Y eso es más grave porque nada obliga a las autoridades judiciales dominicanas, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a entregar a un generador de violencia, sólo en atención a presupuestos relativos a la extraterritorialidad de algunas de sus acciones.
Por eso insistimos en que el nuevo tratado de extradición con Estados Unidos, pendiente de sanción del Tribunal Constitucional y que ya fue avalado por el gobierno dominicano, requiere una revisión. No es sólo que se apruebe una ley que implique la confiscación de bienes producto del narcotráfico, sino que la justicia dominicana ejerza su soberanía y que no delegue su capacidad sancionadora en una justicia negociada en función de intereses ajenos a la realidad nacional.
Saludamos la valentía de Yeni Berenice Reynoso, que ha dicho “que en la Fiscalía del Distrito Nacional no estamos en disposición de retirar acusación contra ningún narco para facilitar la extradición…, es decir, que en el caso particular de la Fiscalía del Distrito, nosotros no retiraremos ninguna acusación para facilitar una extradición. Preferimos que el caso sea juzgado y conocido en República Dominicana”.
Naturalmente, es indignante que determinados jueces despachen a elementos detenidos en flagrancia, lo que provoca frustración y que mucha gente crea que aquí no se aplica la justicia a los grandes narcotraficantes.
