Privatizar proviene de la suma de dos componentes del latín: el verbo “privare”, que significa “quitarle algo a alguien que lo poseía”, y el sufijo “-izar”, que es equivalente a “convertir en”. La enciclopedia lo define como: “transferencia de una compañía pública o de una actividad administrada por el Estado a una empresa privada. De este modo, la gestión de lo que antes pertenecía al conjunto de una sociedad queda en manos de empresarios que persiguen sus propios beneficios”. Esto, en Dominicana, tiene una connotación más amplia dado que es un concepto “asigún”. Si de defender intereses particulares o de grupos se trata, sobre todo para mantener privilegios, se utiliza como “cuco” para atemorizar de que sería utilizado para beneficios de unos, en detrimento del “pueblo”. Grupos de presión social, gremios profesionales, agrupaciones diversas y políticos en busca de proyección, utilizan la “privatización” como herramienta de trabajo en procura de ánimos favorables. Adecuado es el término cuando cualquiera “tranca” un pedazo, lo cerca como propio con simple intención de apropiarse de lo que es de todos, que en suma no es “de nadie”. La ley que establece las distancias mínimas de 60 metros a considerarse como zona pública en playas, ríos y fuentes de agua, es simple letra muerta. En el propio Santo Domingo metropolitano tenemos infinidad de ejemplos que dan fuerza a la pérdida de control público de áreas de alto interés ciudadano, para favorecer a unos pocos.
La playa de Andrés, Boca Chica, por mencionar un simple ejemplo, se encuentra “aparcelada” y los bañistas obligados a utilizar unos “paragüitas” que tienen incluido derecho a playa, servicio de pescado y atención de “propietarios”, a quien el Ayuntamiento les reconoce “derechos”. El mismo principio se aplica en Sosúa, donde el alquiler de “cheislón” da derecho a otros servicios entre ellos, de sombra. Los “parqueadores”, molestoso espécimen que “cuidan” y protegen vehículos de sí mismos, han cuadriculado los espacios de estacionamiento hasta lo ridículo, siendo su arma la extorsión aceptada y sumisa del conductor, temeroso de sus venganzas. No existe en ninguna parte del territorio, un estacionamiento, natural o construido, que no tenga un sujeto que “privatiza” los servicios de ubicación de vehículos, algunos con falsos recibos de los respectivos ayuntamientos. El que no se “cantea” para visitar el Salto de Socoa, en Monte Plata por la carretera nueva a Samaná, pagando por vehículos y personas, ni lo ve porque está dentro de una propiedad privada. Es común que se perciba que “privatización” solo ocurre cuando grandes capitales segregan espacios que debieran ser de disfrute público, pero resulta que la “micro privatización” es más dañina y negativamente efectiva, que la otra. Es que se trata de la cultura de “me lo cojo “ y alegando ocupación continua y con “testigos”, existen vías para legalizar lo usurpado.
