En países donde impera la pena de muerte, como son China, Irán, Corea, Cuba y Estados Unidos, hay temor a la ley. El delincuente sabe que no solo irá a purgar 20 o 30 años de cárcel, sino que puede pagar el precio más alto: perder la vida. El mensaje es bastante contundente. A diferencia de lo que ocurre ahora, no solamente en la República Dominicana, porque es justo reconocer que el fenómeno es global, en que el delincuente le perdió el respeto a la cárcel. Muchas veces, sobretodo en el delito del narcotráfico, hay quienes calculan fríamente las consecuencias penales de sus fechorías. Si es que llegan a ser arrestados, pagan con tiempo en cárcel y luego salen en libertad.
Si matar para robar desde un celular hasta un banco no asusta al delincuente, entonces la espiral de la delincuencia seguirá subiendo como por arte de magia. Para los sectores que defienden los derechos humanos, aun de los peores delincuentes, la pena de muerte nunca debe ser considerada. Incluso, en su argumento llegan a sostener que países como Estados Unidos, donde existe la pena capital, no han logrado reducir la delincuencia a niveles saludables. Otros asumen que en el Caribe y América Latina serian una forma de mandar a la horca a los más débiles, y nunca a los funcionarios corruptos. Son todos argumentos válidos, pero precisamente la discusión cuidadosa tiene que fundamentarse en la experiencia de países donde los funcionarios y ciudadanos que roban son castigados con la pena de muerte. Cada país ofrece una experiencia particular interesante.
La República Dominicana tiene una crisis mayor de delincuencia y asaltos. Con el colmo de la propia policía infiltrada por bandas criminales. El tratamiento de la problemática desde un ángulo policial y judicial ha fracasado. Incluso, se practica una forma de sanción drástica ilegal, como lo es la muerte en los llamados intercambios de disparos, entre delincuentes y la policía. La queja frecuente de la policía es que cuando arresta a un delincuente, rápido la justicia lo pone en libertad. Lo que tiene a la sociedad toda preocupada es la fuerza viral que ha tomado la delincuencia, y el hecho de que los delitos para robar un celular vengan acompañados de homicidios, a veces a plena luz del día. En el nivel alto, el mal ejemplo viene desde arriba. Los funcionarios que roban sin consecuencias penales, tiene a la sociedad toda comprometida.
Es vital que la discusión sobre la pena de muerte sea clara y precisa. Tiene que sancionar a los de abajo y a los de arriba, a nivel público y privado. Un tribunal especial, con jueces escogidos por las instituciones más creíbles de la sociedad, sería la clave para hacer justicia sin ninguna clase de privilegios. La propia ley debe instituir qué organismos deben formar parte de ese tribunal. Instituciones religiosas, cívicas, con la misión expresa de vigilar que nadie cometa excesos ni injusticias El fenómeno no puede verse aislado del gabinete social del Estado y la misión gubernamental de proporcionar trabajo, empleo y educación a los más pobres. Pero es pura mentira que la delincuencia provenga solamente de la gente más pobre. Es un mito que todos debemos derrotar. La mayoría de la gente más honesta viene de los barrios empobrecidos. Las delincuencia mayor está en los niveles más altos de la sociedad. Aquí es donde debemos comenzar y dar el ejemplo.
