La diferencia fundamental entre los países con mayores niveles de desarrollo y calidad de vida y los demás, es la falta de institucionalidad y de igualdad ante la ley.Y esta falta de institucionalidad nada tiene que ver con el número de instituciones o de legislaciones, por el contrario, generalmente mientras más abundantes sean las mismas, menos efectividad tendrán. Los países de América Latina que casi en su generalidad estuvieron gobernados por dictaduras militares buena parte del siglo pasado, a pesar de haber hecho el tránsito a supuestos regímenes democráticos, siguen teniendo importantes debilidades institucionales, corrupción, falta de transparencia y de verdaderas oportunidades que permitan a sus poblaciones superar los altos niveles de pobreza, a pesar de las importantes tasas de crecimiento económico registradas en muchos de ellos. Y es que la democracia no es producto solamente de que se celebren elecciones, existan distintos poderes del Estado y múltiples instituciones. Más importante que todo eso es la existencia de una arraigada convicción ciudadana en sus principios y postulados.
Es penoso admitir que en gran parte de Latinoamérica la democracia o existe más que nada en el papel, o es un proceso en supuesta construcción, o simplemente no funciona como tal y es puramente nominal, como en los casos extremos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Por eso el populismo y el clientelismo han estado siempre tan arraigados en nuestras sociedades, pues han encontrado en la carencia de verdaderas convicciones democráticas el mejor de los caldos de cultivo. Y este populismo ha sido el causante de que países tan ricos en recursos naturales como Argentina, Brasil o Venezuela, hayan tenido accidentadas historias de crecimiento, que los han llevado a desperdiciar las épocas de bonanza, malgastando recursos, permitiendo la corrupción y perdiendo la oportunidad de realizar verdaderas reformas estructurales que los haga dar el salto a países del primer mundo. La República Dominicana es víctima de esta carencia de verdaderas convicciones democráticas, y podría decirse que hemos experimentado incluso un retroceso, porque los valores patrios de lucha contra la dictadura, por el respeto a la libertad de expresión y al voto libre, han sido suplantados por el corporativismo político estatal, que ha cooptado casi todos los sectores de la sociedad, incluyendo buena parte de los partidos de oposición, la prensa, los gremios y la sociedad civil, gracias a una repartición de cargos, contratos, ayudas y empleos o por simple temor a enfrentar el poder. Lo que provoca una peligrosa ausencia de contrapesos, que debería ser la mayor preocupación ciudadana. Por eso no debe sorprendernos que existan los altos niveles de inseguridad ciudadana y jurídica que existen en el país, pues en una sociedad en la que las autoridades tienen licencia para violar la ley, modificar la Constitución a su antojo y asegurar la impunidad de los miembros de su corporación, se establecen modelos equivocados y se sustituyen valores por búsqueda de dinero a cualquier precio.
Si queremos contrarrestar el pernicioso corporativismo que controla casi toda nuestra sociedad, gracias a un modelo populista, plagado de corrupción, impunidad y privilegios, debemos crear conciencia ciudadana de la necesidad de luchar por el respeto a los principios y valores democráticos, únicos garantes de que las sociedades actúen de forma racional y no guiadas por emociones que conducen a seguros fracasos.
