Guatemala — El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina enfrenta su segundo día de audiencia luego de que un juez le dictó prisión provisional para garantizar que regresara a enfrentar las acusaciones de la fiscalía que lo vinculan con una red de evasión fiscal y corrupción.
Pérez Molina dijo el viernes a The Associated Press que pasó la noche incómodo y que alcanzó a dormir poco. «Ninguna cárcel es buena», dijo sobre la noche en una prisión civil, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros.
«Espero que el juez me dé una medida sustitutiva», dijo el ex presidente en alusión a una alternativa diferente a la prisión, que según las leyes guatemaltecas, puede ser el pago de fianza o arresto domiciliario, entre otras.
El jueves el juez Miguel Ángel Gálvez le dictó prisión provisional para asegurar que el ex presidente regresara el viernes a la audiencia.
La fiscalía presentó el jueves escuchas telefónicas en las que intenta probar la existencia de «la Línea», un rede de ex funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
El viernes la fiscalía trata de sustentar ante el juez que Pérez Molina conocía de las actividades de «la línea».
La fiscalía presentó 77 escuchas telefónicas de más de 5 horas de grabación durante los días, luego presentó documentos encontrados en allanamientos hechos a diversas oficinas de los supuestos integrantes de la red en los cuales se detallaban cómo se repartían los sobornos recibidos.
«La estructura por abajo del 1 y 2 (como se le conocía en la red a Pérez Molina -1- y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti -2-) recibía el 50 por ciento y el 1 y la 2 recibían el otro 50 %» de los sobornos recibidos, dijo el fiscal José Antonio Morales.
Pérez Molina, quien asiste a la audiencia vestido de traje formal azul, camisa celeste y corbata a rayas, agregó a su defensa al abogado Moises Galindo y aseguró que el viernes declarará ante el juez y se defenderá de los cargos.
A diferencia de la víspera, la seguridad del ex presidente ya no está a cargo de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad, sino en manos del Sistema Penitenciario del país.
