A pesar del tiempo transcurrido, recuerdo perfectamente las protestas y quejas que abrumaron en agosto de 1985 al entonces síndico del Distrito Nacional, José Francisco Peña Gómez, cuando, en ejercicio pleno de sus derechos, cuestionó la capacidad de articulistas y comentaristas que habían escrito y hablado en forma crítica sobre él y sus posibilidades electorales en aquella época dentro del PRD. Peña Gómez los llamó “disparatosos”.
La reacción de quienes se sintieron aludidos por el calificativo fue desproporcionada y no guardó el debido respeto a las opiniones de un líder sobre la prensa. El episodio reforzó mi criterio de que si el clima de libertad y de desarrollo democrático alcanzado en los últimos años reivindica el derecho de los periodistas a la crítica de las actuaciones de los hombres públicos, éstos tienen igual derecho de sentirse molestos con los juicios de la prensa y manifestarse públicamente, sin tener que padecer el peligro, como ocurre a menudo, de represalias que muchas veces toman la forma de un boicot de sus actividades en las páginas de un diario u otro medio.
Negar el derecho de un político o de un ciudadano a decir en público lo que probablemente muchos de ellos piensan o sienten, por ejemplo, de mis artículos o de mi vida profesional, equivaldría también a asestar un golpe mortal a mi derecho a expresar libremente mis ideas. Si tal político no agrada a un diario, o a los que trabajan en él, o éstos disienten de sus posiciones sobre un tema de interés público, es parte del juego democrático aceptar el derecho de aquellos a sostener las mismas opiniones sobre el trabajo periodístico.
La prensa no está ni por encima de la ley ni de la crítica. Uno de los grandes males que afecta el periodismo dominicano nace precisamente de la creencia de muchos periodistas de que sus análisis y conclusiones sobre las realidades que comentan son infalibles o constituyen verdades absolutas.
