Un factor que contribuye a facilitar las operaciones criminales es la debilidad de los mecanismos de identificación de las personas de parte de los organismos represivos.La reciente entrega de herramientas de la Junta Central Electoral (JCE) a la Policía Nacional para facilitar la identificación de los individuos desde cualquier lugar es un paso en la dirección deseada. Pero falta más.
El Registro de Identidad y Electoral es un instrumento en línea que hasta ahora sólo ha estado al servicio de su institución sombrilla, la JCE, pero su utilidad podría ser de mayor alcance, no sólo para la Policía, sino para todas las instituciones públicas y privadas que requieren identificar a sus clientes o usuarios.
En esa perspectiva, resulta muy conveniente el acuerdo suscrito entre la dirección de Pasaportes y la JCE, mediante el cual la primera entidad podrá verificar la documentación que emite la segunda con el simple acceso a la plataforma del Registro Civil. Ese convenio debe ser reproducido por las demás instituciones públicas y empresas privadas, y muy especialmente la banca.
Sería un mecanismo seguro de validación de identidad y control. Cuando un individuo de esos que tienen múltiples identidades para delinquir pretenda burlar la ley, fácilmente podría ser detectado.
En el caso de los organismos que trabajan para garantizar la seguridad en las calles, sería adecuado que las autoridades establezcan como rutina requerir a los ciudadanos la cédula de identidad, que es el documento de uso generalizado, siempre que la misma sirva para despejar dudas, y toda vez que con ella los agentes tengan acceso a su base particular de datos.
Aunque no lo parezca, quizás estemos ante una iniciativa que podría contribuir enormemente en la prevención de delitos, sin que los ciudadanos sean sometidos a cacheos ultrajantes y detenciones arbitrarias.
Para que esto ocurra, se necesita que las autoridades nacionales vean en este sencillo procedimiento otra oportunidad en la lucha contra el crimen.
