El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y la firma de abogados IURISCORP suscribieron un acuerdo para dar asistencia legal gratuita a las personas con VIH y a otras poblaciones que sufren violaciones de sus derechos humanos.
El acuerdo fue rubricado por el doctor Víctor Terrero, director ejecutivo del CONAVIHSIDA, Luciana Mermet, representante residente adjunta del PNUD, Santo Rosario, director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral COIN, en representación del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, y Gilberto Objío Subero, gerente de IURISCORP.
“Este acuerdo crea un programa de representación legal gratuita a personas que viven con VIH y otras poblaciones clave que han sufrido alguna vulneración a sus derechos de atención integral dentro del Sistema Nacional de Salud”, explicaron los firmantes.
El programa busca facilitar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y reparar los daños sufridos, explicaron.
La creación del programa de asistencia legal tomó en cuenta las recomendaciones del Diálogo Nacional sobre VIH y Derecho, realizado en junio de 2013 con la participación de representantes del Gobierno, la Sociedad Civil y agencias de cooperación.
Terrero expresó el compromiso del gobierno de romper las barreras de la discriminación y crear las condiciones para la vida en dignidad y respeto a la condición humana.
“Queremos abrir las ventanas de la esperanza a esta población que por años ha sido excluida de los planes de desarrollo de nuestro país”, enfatizó.
Luciana Mermet, representante residente adjunta del PNUD, observó que el acuerdo suscrito es un precedente histórico que servirá de ejemplo a otras naciones en su lucha por erradicar el estigma y la discriminación.
“Todo el mundo estará pendiente de este acuerdo, que está marcando una pauta y una curva de aprendizaje”, precisó.
Santo Rosario, director del COIN, resaltó la necesidad de dar voz a las poblaciones vulnerables, y dijo que el acuerdo suscrito es un paso adelante para lograrlo.
“Para poner fin a la exclusión de esos grupos es necesario derribar las barreras que les impiden llevar una vida digna, a través de acciones concretas”, adujo.
“Buscamos desincentivar el abuso, estigma y discriminación contra las personas que viven con VIH y poblaciones clave, mediante condenas judiciales en contra de quienes vulneren los derechos de dichas poblaciones”, indicaron.
Los representantes de las entidades explicaron que el programa incluirá la asistencia en casos de violación de derechos en otros ámbitos, como el laboral.
Refirieron que la Ley 135-11 sobre VIH reconoce en su artículo 19 el derecho “a demandar en justicia la violación de cualquiera de sus derechos o garantías y reclamar la responsabilidad penal, civil, laboral o administrativa, por los medios establecidos al efecto”.
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados es una plataforma a disposición de las ONG para el registro de denuncias, referimiento, seguimiento y visualización de las violaciones que afectan a esas poblaciones.
