Después que fue creada en 1986 mediante decreto del presidente Joaquín Balaguer, la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado no sale limpia de un período gubernamental. No hay que hacer ningún esfuerzo para averiguarlo.
La Coordinadora pasaría luego a llamarse Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), mediante el decreto No. 590-87, con funciones bien idénticas: “supervisar la construcción de proyectos de infraestructura para beneficio de las comunidades, tales como: construcción, remodelación, reparación y cubicaciones de pagos de obras realizadas por el Estado”. Otro decreto, esta vez del presidente Leonel Fernández, el 446-00, concentraba el poderoso brazo ejecutor de obras de la Presidencia de la República.
La Oisoe es un engendro del Poder Ejecutivo, orientado a disminuir las facultades de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que es, ahora Ministerio, por su naturaleza, la entidad llamada a ejecutar edificaciones, y especialmente, la fiscalización y la supervisión de las mismas. Dos decretos complementarios le asignan ese rol, además del que le deviene por default, que son el 576-07 sobre Edificaciones y Tramitación de Planos y el 670-10 sobre Supervisión General de Obras.
Pero el Poder Ejecutivo “necesita” manejar un presupuesto para obras, según su propia agenda y propósitos. La administración del presidente Danilo Medina ha ido más lejos, y en atención a la enorme masa de recursos que concentra el Estado para construir escuelas, a la Oisoe se le amplió la capacidad de maniobra.
Mediante el decreto 625-12, el presidente Medina dispuso la creación del “Programa Nacional de Edificaciones Escolares, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones e integrado por las dependencias relacionadas al Ministerio y por la Oisoe”.
De esa forma, el Ministerio y la Oisoe fueron autorizados a trabajar con el Ministerio de Educación para la construcción y rehabilitación de las edificaciones escolares. Para Obras Públicas el 60%, y para la Oisoe el 40% de dichas obras.
Nueva vez la Oisoe es fuente de escándalo. ¿Por qué no la cierran, con un simple decreto del Poder Ejecutivo, como pide Finjus y se dejan las edificaciones en los términos de la ley, en manos del Ministerio de Obras Públicas?
