Es impresionante el dato ofrecido por Oxfam de que en el país 265 multimillonarios tienen un ingreso anual cuatro mil veces superior al que ganan los dos millones de dominicanos más pobres. Este es el retrato crudo de una profunda desigualdad. Esta cifra forma parte del reciente informe “Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe” presentado por Oxfam como parte de su campaña internacional “Iguales”. Con este informe se confirma que la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo y que el país avanza poco en esta materia.
Aunque en los últimos años se redujo la pobreza en América Latina y el Caribe, la brecha de ingreso entre los más ricos y los pobres sigue siendo escandalosa. Esto hace que los grupos sociales sacados de la pobreza se encuentren en una situación muy vulnerable, es decir, tengan serias amenazas de volver a su condición anterior. La desigualdad impide el éxito sostenible de los programas de lucha contra la pobreza. Esta a su vez se constituye en el principal obstáculo para avanzar hacia una democracia de calidad. El debate sobre la calidad de la democracia tiene como uno de sus principales ejes la relación entre sistema político y el ejercicio de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos.
Según Oxfam, en la región el 1% más rico de la población posee el 41% de la riqueza. Esta concentración extrema atenta contra la calidad de vida de la gente, sobre todo la de los grupos más pobres. La incapacidad de los Estados de atender las necesidades y expectativas de los ciudadanos en materia económica y social, ha erosionado la credibilidad y el apoyo al sistema democrático, como se evidencia en distintos estudios realizados. En el informe se señala algo que ha padecido el país a lo largo de su historia: “la extrema concentración de la riqueza va de la mano de la extrema concentración del poder”.
El poder, que debería estar al servicio de la ciudadanía, se corrompe para que responda a intereses de grupos económicos y sectores políticos que buscan enriquecerse a costa del Estado. Se habla entonces de secuestro de la democracia, en tanto esta forma de concebir y ejercer el poder pervierte a las instituciones y los procesos políticos perpetuando las condiciones de desigualdad existentes. El sistema político no puede propiciar privilegios. Uno de los principales desafíos de la democracia hoy es el de garantizar políticas públicas que permitan la inclusión, el bienestar social y la participación ciudadana.
