El auge de la criminalidad que a diario amenaza la paz ciudadana ha ido cambiando el estilo de vida de los dominicanos, que en las últimas décadas han debido variar sus hábitos y transformar sus residencias y negocios en especie de cárceles enrejadas con muros y alambres de púas electrificados para intentar, en lo posible, resguardar su vida y propiedades.
Como si esto no fuera suficiente, quienes gozan de mejores posibilidades económicas, también equipan sus viviendas y apartamentos con circuitos de cámaras de videovigilancia para evitar la posible entrada de asaltantes.
Y es que ante el descrédito de la Policía Nacional, institución llamada a garantizar el orden y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, nadie se siente seguro. Razones no faltan: en buena parte de los crímenes y delitos suelen estar involucrados miembros de la uniformada.
Según revela la última encuesta del Barómetro de las Américas del año 2014, que analiza la realidad de 25 países de la región, la Policía Nacional junto al sistema judicial, tienen un promedio de confianza de apenas 35.6% y 38.5%, respectivamente, por debajo de los promedios regionales.
El referido estudio también destaca que el 38.8% de los encuestados considera la seguridad el problema más importante que enfrenta el país, mientras que, el 71.5% resaltó la ocurrencia de robos en sus respectivos sectores en los últimos doce meses, un alto nivel en perspectiva comparativa que ubica al país en el segundo lugar en la región.
Esta situación ha propiciado el surgimiento del “negocio de la seguridad”, el cual ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años.
Casi 300 empresas de seguridad
Según Bismark Tavárez Caminero, un militar retirado y presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada (Adesinc), en el país existen 280 empresas de guardianes privados, de las cuales, 80 pertenecen a la entidad que preside y cuya membresía ronda alrededor de 35 mil hombres, cantidad mínimamente superada por la Policía, cuya nómina global es de 36,880 miembros.
Al cuantificar los aportes de este sector a la economía, Tavárez, estima que estas labores reportan alrededor de RD$3,366 millones anuales, a razón de RD$280 millones al mes.
Explica que todo comenzó a partir del año 1974, con la expansión horizontal de la ciudad de Santo Domingo, que motivó a mucha gente a mudarse de sectores como Ciudad Nueva hacia los ensanches Evaristo Morales y Naco, que en ese momento no estaban tan poblados y empiezan a requerir servicios de seguridad privada.
“Mientras la capital se fue haciendo más grande la capacidad policial se hizo más pequeña; va aumentando el auge de la delincuencia, conjuntamente con el desarrollo del país. Esas dos cosas combinadas, entre otros factores, van dando lugar a la búsqueda de una protección adicional que no puede brindar la Policía por su propio alcance, en materia de logística, y en materia económica. Así se crean las empresas de seguridad, como un brazo largo de la Policía Nacional, sin ser policía, donde los particulares por temor a perder sus intereses entonces colocan empresas de seguridad y así comienzan a crecer”, detalla.
Regulación
Estas empresas se regulan mediante un decreto del Poder Ejecutivo del 15 de diciembre de 2003, que creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo la tutela del Ministerio de Seguridad y Defensa.
Sin embargo, anteriormente estas empresas se regían mediante la Junta Reguladora de Empresas de Vigilantes, creada en abril de 1982, adscrita a la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas.
El reglamento define como servicios de vigilancia y seguridad privada las actitudes que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada desarrollan personas o instituciones tendentes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad.
Además, la garantía de vidas y protección de bienes; la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privadas, blindajes y transporte con ese mismo fin.
Otro de los aspectos que resalta es que los servicios de vigilancia y seguridad privadas sólo podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, materiales, vehículos e instalaciones físicas y cualquier otro medio autorizado por las autoridades.
Los guardianes deberán entrenarse en la Escuela de Capacitación y Entrenamiento de Vigilancia y Seguridad Privadas, durante 60 horas. Tavárez afirma que ese sector desde un sitial quizás incógnito, realiza una tarea de prevención importante en materia de seguridad.
Una hora de vigilancia cuesta RD$80 y RD$85
Los clientes que contratan los servicios de compañías de seguridad pagan entre 80 y 85 pesos la hora de vigilancia. Esto quiere decir que mensualmente deberán desembolsar RD$57 mil 600 (RD$700,800 al año) si contratan las 24 horas y RD$30 mil 600 si es por 12 horas. Bismark Tavárez reconoce que por sí solos los guardianes no pueden detener la delincuencia y el crimen organizado, y lamentó la muerte de tres “guachimanes” en los últimos meses en atracos a entidades financieras. “Cuando un guardián entra a una empresa nuestra le decimos te damos un arma, no para que mates con el arma, si no para que defiendas tu vida y la de los demás y que dispares en último caso y cuando la vida de otro esté en peligro”. Añade que frente a esta situación de inseguridad las empresas han tomado algunas medidas para proteger a sus miembros, como es exigir a los clientes la colocación de garitas y evitar servicios donde se exponga la vida de los guardianes. Tavárez advirtió que ante los costos del servicio, personas y empresas optan por contratar a precio más económico a extranjeros, principalmente haitianos o dominicanos, sin ningún entrenamiento.
