Eso no puede ser

Mucha gente está alarmada con los resultados del concurso del Ministerio de Educación para seleccionar nuevos profesores. De 36 mil 884 jóvenes concursantes egresados de nuestras universidades como licenciados de la enseñanza sólo 11 mil 479…

¡Eso no puede ser!

Son muchos los síntomas que llevan a algunos dominicanos a la conclusión de que vivimos en una sociedad en vía de disolución.

Mucha gente está alarmada con los resultados del concurso del Ministerio de Educación para seleccionar nuevos profesores. De 36 mil 884 jóvenes concursantes egresados de nuestras universidades como licenciados de la enseñanza sólo 11 mil 479 pasaron la prueba. Dicho de otra manera, la gran mayoría, 25,405 reprobaron, un porcentaje de 69%.

Si los ciudadanos comunes y los expertos prestaran atención a las deficiencias del sistema educativo quizás no habría lugar para alarma. Si así fuera, los resultados serían otros. Pero preferimos desentendernos de los problemas más graves de la República y nos conformamos con hablar, sin que los responsables, a todos los niveles, cumplan sus tareas.

Es que el sistema educativo, con énfasis en la enseñanza pública, está colapsado, y hay que auxiliarlo. El 4%, por ejemplo, ha sido un gran empuje, pero no basta con construir todas las aulas que sean necesarias. Eso es bueno y hasta correcto, porque pese a tantas aulas levantadas, siguen las demandas y denuncias de locales escolares insuficientes o en pésimo estado.

Hace falta que se revise toda la organización de la enseñanza. Comienza por la calificación de los educadores. Todo el mundo quiere hacer una carrera universitaria, sin que tenga la preparación requerida. Estudiantes que no logran avanzar en determinadas áreas, terminan en la “licenciatura en Educación”. Parece que resulta más fácil, cuando aprender a enseñar debería ser un riguroso ejercicio reservado a los más calificados.

Pese a ello, la mayoría de las universidades los gradúan, como a otros profesionales, sin las calidades bajo el perverso convencimiento de que “pasan aquí”, pero “la sociedad los quema”.

Ahora, afortunadamente, se están organizando concursos para ingresar al sistema educativo. Si se desarrollan con la seriedad debida, continuaremos viendo resultados parecidos.

El país tiene que sincerarse. Evaluar incluso al personal en las aulas y ver cómo se reestructura la educación, para empezar a producir cambios. Evitar el círculo vicioso en el cual profesores no calificados evalúan y gradúan transfiriendo sus debilidades hasta los centros de educación superior, desde donde egresan con los mismos vacíos con que entraron, y así, hasta el infinito.

Eso no puede ser.

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Son muchos los síntomas que llevan a algunos dominicanos a la conclusión de que vivimos en una sociedad en vía de disolución. Nada más hay que ver la insólita decisión de la jueza Miguelina Campusano de la sexta sala del Juzgado de Paz de Tránsito del Distrito Nacional, en favor de un hombre que provocó la muerte de tres hermanos. A una velocidad pasmosa  esa jueza aplicó la ley 241 de manera conveniente al conductor del vehículo. Sólo le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y “presentarse periódicamente”, imaginamos que a su despacho.

Ahora las dignidades nacionales de toda laya se conforman con cargar sobre la ley 241, sobre la base de que es un anacronismo que tiene 46 años. Pero esa misma ley, que ha sufrido varias modificaciones, provee al juez los instrumentos para actuar con mayor dignidad y rigor. Si bien se puede considerar que las sanciones previstas podrían ser débiles en algunas circunstancias, también establece gradaciones cuando ha habido daños físicos, hasta causar la muerte, que van desde “seis días a seis meses de prisión y multa de RD$6.00 a RD$180.00 si del accidente resultare al lesionado una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su trabajo por un tiempo menor de diez días”. Y “cuando el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la prisión será de dos a cinco años, y la multa de…” RD$500.00 a RD$2,000.00.

Ante un hecho tan grave como la muerte de tres personas, los jóvenes hermanos José, Deris y Margarita Santana, la juez Campusano se conformó con imponer apenas una garantía económica e impedimento de salida.

De modo, que no se trata de una debilidad de la ley, que efectivamente la tiene, sino de una vergonzosa aplicación, que desdice del valor de la vida humana. Que una magistrada conceda tan fácilmente la libertad a un individuo que provocó un hecho tan lamentable, habla del punto en que se encuentra esta sociedad y especialmente sus administradores de justicia.

¡Eso no puede ser!

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