Nuestra justicia está en el banquillo de los acusados. La vox populi la ha condenado. No pretendo interpretar conductas, resaltando que conozco a varios de sus protagonistas y sé del compromiso que tienen con la ley. Ahora, aprovechando el sentir colectivo, es un buen momento para mejorarla. He meditado mucho al respecto. Es un tema serio y preocupante. Vivimos alternando el avance con el retroceso, y en ocasiones los logros alcanzados disminuyen. Está en juego la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos, sobre todo nuestros derechos fundamentales. También destaco que sin seguridad jurídica se dificulta la inversión local y extranjera en nuestro territorio, lo que representa un riesgo para nuestra economía. Por ello expresaré lo que entiendo puede ayudarnos. Iniciemos.
El edificio de nuestro sistema de justicia tiene varias columnas importantes, como son, por ejemplo, la Policía Nacional, los abogados y los alguaciles. Pero hay dos que si se agrietan se cae la obra. Me refiero a los jueces y al Ministerio Público. Si ambos cumplen adecuadamente sus funciones, los demás soportes lo harán, seguirán sus pasos; en caso contrario, se contagiarán y el derrumbe de la estructura será estrepitoso.
Los jueces y el Ministerio Público, para avanzar en lo inmediato, requieren darle prioridad a dos aspectos: dialogar constantemente entre sí, y fortalecer su régimen disciplinario. La mayoría de los otros puntos siguen la suerte de estos dos.
Los de cada uno son diferentes. Nuestra Constitución y varias leyes los definen. Pero también tienen propósitos comunes, especialmente el que se haga una correcta administración de justicia. Así las cosas, el que acusa y el que juzga deben tener una comunicación frecuente, seria, franca, respetando cada cual su misión, donde se analicen y perfeccionen interpretaciones de la ley y de los procedimientos, al igual que varios problemas cotidianos que se observan en los tribunales y en los palacios de justicia y que con un poco de buena voluntad común se pueden resolver.
En su momento, prácticamente toda la sociedad estuvo de acuerdo con tener jueces y fiscales de carrera, servidores independientes, elegidos por sus méritos y no por influencia política, donde solo pudieran ser destituidos por su mala conducta o por la llegada de cierta edad. Pero ocurre que ni jueces ni fiscales tienen la supervisión suficiente sobre el trabajo que hacen. Muchos se amparan en que son “de carrera” para hacer y deshacer. No se sienten vigilados. El espíritu de la carrera se ha desvirtuado.
Comunicación fluida para alcanzar una mejor administración de justicia y un adecuado control disciplinario que sancione al que meta la pata y la mano es lo que necesitamos en estos momentos entre jueces y fiscales.
