Aunque oímos tanto sobre el aberrante sicariato, no deja de asombrarnos cómo la gente se involucra, cómo trama fríamente para matar. Armar una organización criminal para obtener determinadas ventajas económicas, y obrar desalmadamente, es un asco.Y pensar que uno de los señalados en semejante conciliábulo no es nada menos que un regidor de uno de los municipios de la República, envuelto en tan macabro empeño, junto a un “líder sindical” o “empresario transportista”. Dos “personalidades” que han escalado posiciones importantes en la sociedad, como representar munícipes o dirigir colectividades de choferes.
Relacionados con el mundo político y social y al mismo tiempo integrantes de una red de criminales, según las autoridades nacionales judiciales.
Eso nos habla de los tiempos que vivimos.
La forma en que uno de los involucrados en la trama para asesinar dos dirigentes sindicales de un bando contrario, detalla las operaciones, obliga a pensar en los precarios valores que guían a estos individuos.
Pero hay que decir que afortunadamente, las autoridades están asumiendo roles que pueden ayudar a desentrañar hechos inimaginables.
La investigación llevada por la procuraduría general de la República no sólo nos devela el alcance de la degradación entre esta clase de “dirigentes sociales”, sino cómo conectan con otros especímenes llamados a defender a la sociedad, señores, jueces de la República, quienes les garantizarían la impunidad para seguir libres.
Todo esto obliga a la sociedad y a las autoridades a impulsar un modelo de campaña que permita combatir el crimen mediante procedimientos que conduzcan a resultados.
Estas investigaciones que se realizan contribuyen a devolver la confianza a quienes persigue el crimen. A propósito. No debía quedar en el aire la declaración de un diputado que dice tener una lista de más de cien fiscales de dudosa reputación. El procurador Francisco Domínguez Brito debe tomar nota.
Mientras tanto, vale el respaldo al trabajo que ha permitido desentrañar estas urdimbres, lo que puede permitir que la criminalidad reciba merecido castigo, y por esa vía, disminuirla al mínimo.
