Durante años, en la Rep. Dominicana y en muchas partes del mundo, hemos tenido agrios conflictos entre el sector minero y el sector ambiental, fruto de la ausencia de un plan de ordenamiento territorial que caracterice los suelos y priorice sus usos, y fruto de que en muchas ocasiones quienes han administrado ambos sectores no han dominado a profundidad la filosofía del verdadero desarrollo sostenible requerido por la sociedad.
Todos recordamos las luchas que en el 2009 sostuvimos por la preservación del parque nacional de Los Haitises, la cual nunca fue una lucha política, ni anti cementera, ni anti minera, sino una lucha para que se respetara el derecho ambiental de una zona que desde el 1996 había sido declarada parque nacional, y siempre argumentamos públicamente que era ilegal superponer derechos mineros nuevos sobre derechos ambientales viejos, y al final prevalecieron la ley y la razón, y el importante proyecto industrial fue movido a otra región.
Posteriormente, en el 2013, vino la famosa lucha para declarar a la loma de Miranda como parque nacional, y al ser consultados por el Congreso Nacional, y por la prensa, dijimos categóricamente que era ilegal pretender superponer derechos ambientales nuevos sobre derechos mineros viejos del año 1955, y aunque gran parte del liderazgo político de oposición clamaba a gritos “loma de Miranda parque nacional” al final el Presidente Danilo Medina devolvió sin promulgar la ley aprobada en el Congreso Nacional porque violaba derechos adquiridos.
Ahora, cuando todavía debían estar frescas las luchas de Los Haitises y loma de Miranda, el país vuelve a encontrarse en medio del huracán, al tomar conocimiento de que una empresa cementera ha solicitado una concesión de explotación minera en un área de 60 kilómetros cuadrados, donde el 92% se superpone al parque nacional Francisco Alberto Caamaño, creado mediante el decreto 571-2009, lo que ha motivado que la solicitud haya sido denegada por el Ministerio de Energía y Minas, previa negativa del Ministerio de Medio Ambiente, y de inmediato algunos políticos han dicho que la negativa ha sido una retaliación política contra el principal candidato presidencial de la oposición, cuya familia es propietaria de la planta cementera, y quienes politizan el tema olvidan que el caso es similar a los casos de Los Haitises y loma de Miranda, donde no se permitió superponer derechos nuevos sobre derechos viejos, y en ninguno de esos casos se habló de razones políticas.
Se ha negado que la zona solicitada para explotación de calizas sea parte del parque nacional, y para asegurarnos de quién tiene la verdad decidimos plotear las coordenadas UTM de los 111 vértices del parque nacional, y las coordenadas UTM de los 13 vértices de la solicitud de concesión minera, y es evidente que la solicitud de concesión minera cae sobre el parque nacional, y esa verdad no se debe negar.
Los ejecutivos de la empresa cementera solicitante han dicho que acudirán a los tribunales para hacer valer sus derechos, pero al parecer sus consejeros no les han dicho que la Ley Minera 146-71 es muy clara en cuanto a que nadie tiene derecho a explotar minerales, metálicos o no metálicos, sin tener una concesión de explotación minera, la cual, conforme a la misma ley, debe ser firmada por el Presidente de la República, ni le han dicho que haber tenido una concesión de exploración minera no obliga al Estado a otorgar una concesión de explotación, y mucho menos cuando la extensa zona solicitada en explotación se solapa con un parque nacional.
Insistir en que se otorgue una concesión de explotación minera sobre un parque nacional es insistir en que se violen la Ley Minera 146-71, la Ley Ambiental 64-00, y la Ley de Áreas Protegidas 202-04, lo cual no conviene a ningún político, pues ya mucha gente opina que si desde la oposición se exige al Gobierno violar leyes para complacer esa solicitud, ¿qué pasaría con las áreas protegidas cuando la oposición llegue al Gobierno?, sobre todo cuando desde ese mismo litoral se pidió al Gobierno declarar a la loma de Miranda como parque nacional, sabiendo que es una vieja concesión de explotación minera y que ese derecho minero se debe respetar.
Todos debemos evitar pedir nuevas concesiones mineras sobre viejas áreas protegidas, y debemos evitar pedir nuevas áreas protegidas sobre viejas concesiones mineras, pues los derechos previos prevalecen, sin olvidar que los conflictos mineros y ambientales son estrictamente legales, y nunca deben ser politizados, ni fanatizados; pero si en este caso la cementera reduce su solicitud de concesión a dos kilómetros cuadrados, y si el Gobierno modifica el decreto 571-2009 para abrirle un pequeño espacio, podríamos encontrar una solución de excepción, considerando que la empresa ha estado en la zona antes del decreto, aunque se descuidó al no pedir, y obtener, su concesión de explotación minera antes de instalarse en Hatillo. Esa excepción sería una posible solución. l
