El pasado 27 de noviembre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) emitió una circular, con cuyo contenido admite que existen presiones hacia la entidad en lo que tiene que ver con la implementación de la Ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
En el documento, Roberto Rosario afirma que pese a todos los esfuerzos realizados por la institución en ese sentido, “algunas personas, organizaciones de la sociedad civil e incluso representantes diplomáticos, insisten en denunciar que en las Oficialías del Estado Civil se están poniendo trabas burocráticas” para la entrega de sus documentos a los beneficiarios de dicha ley.
A continuación la Circular No. 24.
A: Todos los Oficiales Civiles, Asistentes Administrativos, Encargados de Centros de Cedulación, Encargados de Centros de Servicios, Dirección Nacional de Registro Civil, Consultoría Jurídica, Oficina Central del Registro Civil, Dirección de Informática.
De: La Presidencia
Asunto: Instrucción
La Junta Central Electoral (JCE) concluyó en sentido general, salvo reservas hechas en casos específicos, la auditoría a los libros Registros desde 1929 al 2007, en cumplimiento de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14.
Como consecuencia de esa auditoría se informó a la opinión pública en el mes de junio, los resultados de la misma hasta ese momento. El lunes 26 de junio del año en curso, en la edición No. 35256 del matutino Listín Diario, se publicó un listado de aproximadamente 55 mil personas cuyos expedientes fueron auditados y en esa publicación se invitó a todos los incluidos en la citada relación, a recoger su acta de registro de inscripción que lo acreditó como dominicano, en virtud de dicha ley.
El Estado dominicano, a través de sus diversas instancias, en atención a la alta credibilidad de este órgano constitucional dio como resuelto este tema y asumió esta decisión como un compromiso de Estado frente a esas personas y el mundo, incluso el Presidente de la República lo presentó en un cónclave internacional.
En interés de cumplir este compromiso, se han realizado varias reuniones con el personal involucrado, se explicó la necesidad de que a todas las personas cuyos nombres aparecen en el listado, cuando se presenten a una de nuestras oficinas, se les garantice la entrega de sus documentos. Incluso, en fecha 26 de junio de 2015, enviamos a ustedes una Circular, en la que se estableció: “que un ciudadano que haya sido beneficiado de esta decisión no se marche sin obtener el servicio requerido”.
Pese a todos los esfuerzos, algunas personas, organizaciones de la sociedad civil e incluso representantes diplomáticos, insisten en denunciar que en las Oficialías del Estado Civil se están poniendo trabas burocráticas y que a 55 mil personas se les está negando la entrega de documentos. Hasta el momento no hemos recibido ninguna prueba o evidencia de que esto está ocurriendo. Hemos negado ese hecho, confiando en su compromiso con la institución y en su voluntad de servir al Estado a través de la JCE.
No obstante, a fin de asegurarnos de que nuestras instrucciones se han cumplido, estamos tomando una serie de medidas, que les serán comunicadas por la vía correspondiente para su inmediata aplicación en el improbable caso de que las denuncias hechas sean ciertas.
En ese sentido, en el curso de los días lunes, martes y miércoles, estaremos supervisando personalmente o a través de los representantes nuestros, todas las oficinas para asegurarnos del estricto cumplimiento de la Circular No. 12.
Si comprobamos que por negligencia o cualquier otra razón, las precitadas actas no se han puesto disponibles para la entrega y no se emiten las correspondientes cédulas, los responsables directos de esa unidad de trabajo serán suspendidos en el momento y sus expedientes remitidos para cancelación, sin perjurio de las acciones legales pertinentes.
La Ley No. 169-14 es de las pocas leyes que al aprobarse contó con el apoyo unánime de la sociedad. En nuestro caso, tenemos el orgullo de haber proporcionado a las instancias competentes el anteproyecto que permitió la elaboración de la misma, por lo tanto, como presidente y representante legal de la institución tengo el compromiso voluntario y moral con su ejecución, y no debe de ser la Junta Central Electoral el lugar donde se obstaculice. Si alguien ha actuado de esa manera, lo está haciendo en contra de nuestra voluntad y en contra de la Ley, lo cual tiene consecuencias.
Hemos defendido con nuestra vida y sin temor el buen nombre y prestigio de la JCE y de la República Dominicana. Para continuar haciéndolo necesitamos que revisen cada libro, cada folio, que hablen con sus empleados, para asegurarnos que eso no está ocurriendo, que no estamos en falla.
Cualquier error e inobservancia puede darle la razón a los enemigos de la República y de la Junta, y servir de excusas para que representantes de organizaciones y extraños que utilizan la lucha por los derechos humanos falsamente, por intereses contrarios a los nuestros, se inmiscuyan en nuestros asuntos internos, lesionando nuestra soberanía y que tengamos que tolerar esa afrenta.
Ojalá que un error, descuido, negligencia o inobservancia, no sea la excusa para tan execrable conducta, confiamos que los derechos de esas personas no han sido afectados. Necesitamos estar seguros de que tenemos la razón.
Esperamos en el inicio de semana comprobar que nuevamente nuestros críticos no tienen razón y, en consecuencia, demostrar que nosotros somos una garantía de la identidad y la democracia dominicanas.
Atentamente:
Roberto Rosario.
