RD y Haití: un año de muchos choques y pocos avances

El 2015 para República Dominicana y Haití fue un año de constante choques que terminó sin un balance positivo para las relaciones entre ambos países. Para República Dominicana fue un año histórico en materia migratoria. Por primera vez en la&#8230

El 2015 para República Dominicana y Haití fue un año de constante choques que terminó sin un balance positivo para las relaciones entre ambos países. Para República Dominicana fue un año histórico en materia migratoria. Por primera vez en la historia cerró un Plan Nacional de Regulación de Extranjeros que terminará legitimando el estatus migratorio de 230 mil personas, la mayoría haitianos. También llevó a término la Ley de Naturalización 169-14, la cual tiene pendiente otorgar un estatus legal a los hijos de indocumentados afectados con la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.

Esta política migratoria nacional marcó el ritmo de las relaciones entre República Dominicana y Haití. El Plan de Regularización cerró el 17 de junio y en ese contexto regresaron a su país, en menos de dos meses y de manera voluntaria, 65 mil 927 haitianos. Eran indocumentados, con años de trabajo del lado oriental, que no pudieron registrarse en el Plan de Regularización.

Para ese periodo -21 de julio- el Gobierno haitiano destituyó al entonces embajador Daniel Supplice, un reconocido intelectual haitiano que duró 92 días en el cargo y que respondió su despido con una carta durísima, en la que le recordó a su presidente Michel Martelly el fracaso de Haití para documentar a sus ciudadanos y hacer posible su registro al Plan de Regularización.
En el 2015, por la embajada haitiana pasaron tres diplomáticos: Fritz Cinéas, Supplice y ahora Magali Maglore, que ocupó oficialmente el puesto en noviembre.

Los ataques al Gobierno
En el plano local las críticas a la política migratoria se centraron en que, aparentemente, el Gobierno estaba dejándose presionar por las organizaciones internacionales y por consiguiente no quería reiniciar las deportaciones que mantuvo detenidas durante el Plan de Regularización. Para los críticos, el Gobierno estaba poniendo en juego la soberanía nacional. Las deportaciones reiniciaron en agosto.

En el plano internacional hubo una serie de ataques contra República Dominicana, con Haití encabezando los cañones. La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió el cese del “retorno voluntario de haitianos”, en palabras del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, y envió una misión a República Dominicana y Haití para estudiar la situación migratoria, el 10 de julio. Fue también en la OEA donde el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Lener Renauld, solicitó la intervención de la comunidad internacional para tratar el panorama migratorio. La idea en el plano internacional era evitar una “crisis humanitaria” provocada por la política migratoria nacional puesta en marcha.

Un diálogo muerto por cuatro meses
Fue precisamente en este escenario de asaltos por parte de Haití cuando República Dominicana se negó a establecer un diálogo, como así lo solicitaba el Estado vecino y el mismo Almagro. Las relaciones dominico-haitianas se mantuvieron en un limbo durante cuatro meses, hasta que en octubre 13 Danilo Medina se reunió con Michel Martelly en Barahona. En ese encuentro se acordaron seis puntos, de los cuales dos se han cumplido, que son el nombramiento de la embajadora y ayer arrancó el proyecto fronterizo Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ).

Antes de octubre, la última vez que hubo un encuentro entre gobiernos fue el 11 de junio entre el canciller Andrés Navarro y Martelly en la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Latinoamericana y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), en Bruselas.

Dos informes contra apátrida
Este año, el tema de la apatridia y las deportaciones fue un dolor de cabeza para el Estado dominicano. El 1 de agosto Human Rights Watch arrojó en un informe que República Dominicana le estaba negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de dominicanos, que además, estaban en riesgo de ser deportados a Haití. Para llegar a estas conclusiones, a la ONG le bastó realizar más de 100 entrevistas y documentar 60 casos de dominicanos de ascendencia haitiana. La rueda de prensa para dar a conocer este informe quedó en la historia: periodistas le reclamaron, le pelearon, al director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el contenido del análisis “Somos dominicanos, somos dominicanas. Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”.

Amnistía Internacional, el 18 de noviembre, fue otro organismo que encaró al Gobierno dominicano a que reconociera la existencia de apatridia en el país. En el informe titulado “Sin papeles no soy nadie, personas apátridas en la República Dominicana”, señala la necesidad del Estado de buscar solución a estas personas sin nacionalidad, que pueden llegar a ser “decenas de miles”.

La seguridad, un problema que no se supera
Las relaciones dominico-haitianas arrancaron en febrero con una agresión contra la embajada dominicana en Puerto Príncipe, donde un grupo de manifestantes trató de quemar la bandera. El canciller Navarro llamó a consulta a su embajador Rubén Silié y fueron cerrados los cinco consulados dominicanos en territorio haitiano. Las relaciones se normalizaron a mediados de marzo, cuando Haití se comprometió con brindar la “seguridad necesaria”. No fue la única vez que sucedió un encontronazo que puso en juego la seguridad de dominicanos en territorio vecino. Las agresiones comúnmente se registran en la frontera, contra transportistas dominicanos que suelen bloquear el traslado de cargas como represalia.

Prohibiciones de productos

En septiembre Haití prohibió la entrada por vía terrestre de 23 productos. El Gobierno dominicano nunca fue oficialmente notificado. Un diario haitiano atribuyó esta prohibición a razones políticas, pues el Gobierno supuestamente decidió limitar la importación como intercambio de fondos para la campaña del candidato presidencial. Oficialmente se decía que era una forma de “regular” los aranceles. República Dominicana envió una carta diplomática, llamó a su embajador Rubén Silié a consultas y presentó la situación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que podría llegar a ordenar que el vecino país deje sin efecto su decisión. Otra prohibición se ejecutó el 21 de marzo, cuando Haití anunció la suspensión temporalmente de la importación de frutas y vegetales para evitar la contaminación por la mosca del Mediterráneo, detectada en Punta Cana.

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