A partir del próximo 16 de agosto, el presidente Danilo Medina se encontrará en mejores condiciones para llevar a cabo una gestión de gobierno que haga posible las transformaciones sociales, económicas e institucionales que ha demandado la sociedad dominicana a lo largo de su historia republicana. Diversos sectores tienen la expectativa de que se aproveche el nuevo contexto para asumir este importante reto.
Tres factores crearían condiciones propicias para el cambio, si es que estos se quieren aprovechar. En primer lugar, el triunfo alcanzado por el presidente fue posible gracias a sus propias fuerzas y a los altos niveles de popularidad alcanzados, en tal sentido, no tiene deuda política pendiente. En segundo lugar, consiguió una alta cuota de poder en el congreso y los ayuntamientos, los cuales pueden actuar de manera conjunta en función de una agenda nacional; y por último, el gobernante no tiene la presión que supone la posibilidad de cualquier forma de reelección.
Debemos admitir que la ausencia de una oposición política bien articulada y la debilidad del movimiento social, reducen los incentivos para la promoción de cambios. Sin embargo, la nueva administración tiene el compromiso de aprovechar la oportunidad que genera el actual contexto, para enfrentar los principales problemas del país y contribuir a mejorar la calidad de la democracia. Es por esta razón que el periodo constitucional que se abre la próxima semana, exige a las autoridades hacer lo que nunca se ha hecho en áreas prioritarias para la sociedad.
Una de estas áreas tiene que ver con la ruptura y superación del Estado patrimonialista y clientelar que se ha perpetuado como herencia de la dictadura. La democratización, modernización y profesionalización del Estado es una tarea pendiente que supone diversas reformas. Estas deberán tener como punto de partida la realización de cambios profundos en el ámbito político-electoral y atravesar temas como la independencia de los poderes públicos, la autonomía y fortalecimiento de los órganos de control; hasta llegar a la reforma de la macro-estructura del Estado.
En otro orden, superar la desigualdad, uno de los problemas fundamentales del país, supone hacer lo que nunca se ha hecho en materia de política fiscal: que los más pobres dejen de ser los que más impuestos pagan. Es necesario fortalecer la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas públicas que propicien una mayor equidad. Esto requerirá una nueva estructura fiscal que permita que aquellos que más riquezas generan, sean los que más aporten para que los gobiernos cumplan con su misión de crear condiciones de vida más digna para la gente.
