Durante la última década y media, muchos países de América Latina han estado experimentando con políticas económicas progresistas, es decir, políticas que procuran lograr reducir privaciones, y alcanzar mayor justicia social y equidad distributiva. Después de un largo período de ajustes y reformas neoliberales que estabilizaron las economías pero que dejaron una impresionante estela de pobreza, la región inauguró un período de nuevas políticas que buscaban pagar la enorme deuda social acumulada. El contexto internacional no pudo ser más favorable debido a los elevados precios de las materias primas que la región exporta.
Un balance de los resultados es que en casi todos los casos, la pobreza se redujo notablemente y los indicadores sociales mejoraron. Sin embargo, en algunos de ellos (no en todos, ni siquiera en la mayoría) se han producido unos desequilibrios macroeconómicos tan grandes que el inevitable ajuste que está en curso amenaza con hacer retroceder parcial o totalmente las ganancias logradas.
Hay que reconocer que muchos de estos desequilibrios se han producido en contextos de fuertes tensiones políticas que han contribuido a exacerbarlos, ya sea porque los ajustes se han pospuesto en procura de evitar las consecuencias políticas de ellos o porque, en el fragor del conflicto, se ha usado la política económica para lograr objetivos políticos inmediatos. Esto no es justificación alguna ya que al final de cuentas las responsabilidades fundamentales recaen sobre quienes toman decisiones de política, pero ayuda a evitar explicaciones maniqueas que reducen todo a torpezas o ideologías.
Dicho lo anterior, es relevante preguntarnos qué realmente son y qué no son políticas económicas progresistas. Es necesario aclarar ideas y despejar mitos. Prestémosle atención a cuatro áreas críticas.
La primera es la fiscal. Una política fiscal progresista no desquicia las finanzas públicas y no ignora los límites del endeudamiento público. Más bien rechaza que la mejor política es no tener déficits, no tiene miedo a generarlos, y entiende que éstos son necesarios cuando la demanda agregada requiere de un impulso adicional para sostener el crecimiento y el empleo. Sin embargo, también es una que es plenamente consciente de los límites que esto tiene y sabe administrar esos desbalances, evitando caer en la insostenibilidad y en un ajuste forzoso y potencialmente catastrófico.
A largo plazo, una política fiscal progresista busca que el Estado logre recaudar de manera sostenible lo suficiente para financiar aquello a lo que no puede renunciar (salud pública, educación, seguridad pública y justicia, infraestructura básica), y que lo haga de forma justa, gravando más a quienes perciben más ingreso y tienen más riqueza y patrimonio.
La segunda es la monetaria. Una política monetaria progresista reconoce que incrementar la cantidad de dinero en la economía puede ser, en el corto plazo, una fuerza que apoya el esfuerzo para crecer porque puede ayudar a reducir las tasas de interés e impulsar la inversión, que no siempre más dinero significa más inflación, y que no se obsesiona con tasas de inflación ultra-reducidas. Sin embargo, igual que en el caso de la política fiscal, reconoce que esto tiene límites importantes, que el dinero está muy lejos de ser una fuente inagotable de demanda, y que abrir la llave monetaria de forma descontrolada muy probablemente lleve a un desborde de la inflación con consecuencias muy adversas para el objetivo declarado de la política misma.
La tercera es la de la política social. Una política social progresista es una que antes que asistir a las personas en situaciones apremiantes, apuesta por invertir en ellas. Reconoce que transferir dinero a personas muy pobres es necesario pero pone el énfasis en proveer servicios universales que permitan dotarlas de capacidades propias y que las prepare para ser más productivas y más creativas, y para tomar mejores decisiones. Parte de reconocer que todos y todas somos iguales, que tenemos los mismos derechos, y procede en consecuencia.
La cuarta es la política de desarrollo productivo. Una política progresista no es una que simplemente “protege la producción nacional”, sino una que actúa deliberadamente para promover empleos de calidad y que las empresas escalen tecnológicamente y se vuelvan más productivas. Busca hacer aquello que las empresas no logran por sí solas. No tiene miedo de proteger ni de intervenir en el mercado, pero toma muy en cuenta los costos de la intervención, y no pierde de vista que el objetivo es transformar para producir más y mejor, para competir en condiciones cada vez menos desiguales en el mercado internacional, y poner la producción al servicio de la gente.
La racionalidad y la sostenibilidad deben ser principios fundamentales de las políticas económicas progresistas. No entender esto puede conducir al desastre.
