Es mucho lo que se habla acerca de la necesidad de una ley para establecer medidas de control en la recepción y manejo de recursos económicos en los partidos, sea o no en tiempos de campaña.
Una ley específica de partidos establecería en el papel un riguroso sistema de seguimiento, pero no hay ninguna garantía de que esa norma conlleve a cambios en los comportamientos reñidos con la ley.
Para que los partidos hagan un manejo decente, por no decir honesto de los bienes que reciben, es suficiente con la actual Ley 275-97, o Ley Electoral, porque la misma, en los términos en que está concebida, en lo esencial reglamenta la administración de los recursos, sobre todo en tiempos de campaña.
Esta reflexión se deriva del conocimiento del dato de que para estas elecciones los partidos y agrupaciones recibirán RD$1,610,086,923.00, una suma extraordinaria que invertida en otros propósitos tendría un impacto tremendo en las vidas de muchas personas. Pero la democracia tiene un costo que hay que pagar. ¡A qué precio!
Sería suficiente con ese alto monto, pero los partidos tienen otras puertas que la misma ley les abre, como la prevista en el artículo 47: “los actos de cooperación, asistencia o contribución económica de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas”.
Ese mismo artículo prohíbe a los partidos para la realización de sus actividades proselitistas el uso de los recursos y medios del Estado, de los ayuntamientos, de empresas de inversión extranjera y de gobiernos extranjeros.
La Ley 275-97 faculta a la Junta Central Electoral (JCE) “para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.
Igual, los partidos están obligados a rendir cuentas.
A partir de la proclama de apertura de la campaña, la JCE queda empoderada de un poder de control y seguimiento de la conducta de los partidos en la recepción y uso de dinero.
Para eso no se necesita otra ley.
