Los actores sociales y comunitarios, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que entran en el paquete de las onegés, y especialmente las que cuentan con alguna capacidad para motorizar movilizaciones callejeras, protestas y paros, o aquellas con capacidad para intervenir en los debates, contribuyendo a la conformación de la opinión pública, suelen adolecer de un “descuido”, por no decir de falta de comprensión de una cuestión clave en la búsqueda de sus objetivos, que es considerar algunas previsiones para la formulación de sus propuestas.
Si se va a reclamar al municipio, lo propio sería primero formalizar la solicitud al alcalde o al Concejo de Regidores; si se trata de una petición al gobierno nacional, igual habría que determinar la instancia más adecuada.
Pero habitualmente no llenan el trámite debido, no formalizan las peticiones. Y cuando lo hacen, las respuestas deben ser inmediatas.
Algo parecido ocurre con los profesores de la UASD y con el Colegio Médico. Levantan demandas que debieron plantear cuando se discutía el Presupuesto Nacional, con vitalidad y sentido de oportunidad.
En este momento, grupos de instituciones proceden correctamente. Con una calidad que debe ameritar la atención de los destinatarios, los legisladores.
Las entidades le presentaron al Congreso Nacional una lista de proyectos que según su parecer deben ser aprobados este año, los cuales consideran importantes para el desarrollo institucional de la Nación, entre ellos la versión del Nuevo Código Penal, la iniciativa orientada a empoderar al Estado del decomiso de los bienes de origen ilícito, con énfasis en el narcotráfico, la reforma policial, tenencia y porte de armas, la actuación de los Notarios, la regulación de los partidos políticos y la reforma de la ley electoral.
Los legisladores tienen la petición, el tiempo y la facultad para atender tan oportuna solicitud. Estas organizaciones están persuadidas de que con ese paso recogen lo que es un sentir de la sociedad.
